La celda donde nueve presos quedaron atrapados: lo que hicieron los penitenciarios con el gas

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte elevó a juicio oral a 52 penitenciarios de la cárcel de Ezeiza por las torturas cometidas durante la represión de un motín en 2019. Entre los acusados están el director de la unidad, los jefes de turno y dos médicos. La causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuvin, junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación como querellante, también dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados.

El expediente reconstruye cuatro horas de violencia y cuatro días de castigo colectivo dentro del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La instrucción quedó cerrada y el caso será sorteado entre los Tribunales Orales Federales de La Plata.

El motín que desencadenó todo

El domingo 9 de junio de 2019, por la tarde, un grupo de internos protestó por un cambio en el horario de visitas. Insultaron a los celadores, arrojaron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego a colchones de goma espuma.

Frente al incendio, el jefe de turno solicitó la intervención de grupos operativos para ingresar al pabellón y “restablecer el orden”. Se conformó un “cuerpo de requisa extraordinario” con efectivos de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI), equipados con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.

Según la acusación, los agentes del GERI dispararon desde la puerta hacia el interior “en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos”, sin carácter disuasivo.

La “montaña humana” y la celda 10

Ya dentro del pabellón, los efectivos empujaron a los presos hacia un rincón, en el ángulo entre las celdas 9 y 10. Allí cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente denomina una “montaña humana”. Reducidos y sin posibilidad de resistir, fueron golpeados, rociados con gas pimienta en la cara y disparados a corta distancia.

En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, dos con fracturas de cúbito.

En paralelo, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, individual, y cerraron la puerta. De acuerdo con la acusación, un grupo de agentes les roció gas pimienta por la mirilla y otros hicieron lo mismo desde el patio, por la ventana, mientras los insultaban. La agresión continuó pese a los gritos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a meter la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.

Al finalizar la requisa, cada preso fue obligado a desnudarse frente a su celda y a dar cuenta de sus lesiones ante los mismos agentes que habían participado del operativo. Uno de ellos registró en video las imágenes y el audio de las conversaciones en la celaduría. Esas filmaciones se convirtieron en una prueba clave.

El rol de los médicos

Los dos médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, observaron el operativo desde el pasillo. Según la causa, cuando ingresaron no examinaron a los presos: los miraron a distancia, ubicados detrás de los agentes, y anotaron solo parte de lo que los internos les decían.

La Cámara Federal de La Plata, a partir de las filmaciones, señaló que certificaron la ausencia de lesiones en diez detenidos que en exámenes posteriores presentaron heridas. Irán a juicio por falsedad ideológica y por omisión de denunciar torturas.

Cuatro días sin comida y con ratas

Al día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad propuso un régimen de “sectorización”, dispuesto por el director de la Unidad Residencial III, Benedicto Rafael Aguilar, y aplicado por los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio. Formalmente era una medida preventiva, pero en la práctica funcionó como una sanción colectiva, prohibida por la ley.

Durante esos días, según la acusación, las cuatro raciones diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados. Las bandejas tampoco entraban por la mirilla. Desde sus celdas, los internos veían cómo las ratas se comían sus alimentos. El pabellón no tenía luz, los inodoros y lavatorios estaban tapados y las ventanas no tenían cerramiento, en pleno invierno.

El régimen terminó el 13 de junio a las 16:30, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La comitiva encontró a los detenidos gritando por comida y agua y las viandas tiradas en el suelo.

Las imputaciones y las defensas

Irán a juicio por torturas unos 29 agentes de la División Registros, 6 del GERI y 3 jefes de turno. El delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión.

Están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos el director Aguilar y seis integrantes del Comité de Seguridad. También está imputado por omisión de evitar torturas Pedro Avelino Insaurralde, jefe de día y máxima autoridad del complejo esa jornada, quien llegó a la unidad a las 22:45 y se retiró a las 0:20.

Los médicos enfrentarán el juicio por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, mientras que dos celadores, un inspector y un auxiliar lo harán por falsear actas.

Las defensas sostuvieron que la requisa fue necesaria ante el incendio y la resistencia de los presos, que según ellas usaron elementos punzocortantes. Afirmaron que la sectorización fue un aislamiento provisorio previsto en la reglamentación para evitar peleas entre internos. Además, cuestionaron los episodios de la “torre humana”, la mirilla y el inodoro porque, dijeron, no tienen respaldo en constancias médicas objetivas.

El juez respondió que son sustancialmente los mismos argumentos que ya había evaluado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata cuando confirmó los procesamientos el 18 de julio de 2025, y que desde entonces no se incorporó prueba nueva. Recordó también que en esta etapa basta con un juicio de probabilidad y que la certeza queda reservada al juicio oral.

En la misma resolución, a pedido de la fiscalía y de la querella, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS), que solo apagaron el fuego y ventilaron el pabellón.