La Corte dio vuelta la historia de un represor sanjuanino: qué pasó con su condena

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución que la Cámara Federal de Casación Penal había dictado a favor del exmilitar Juan Carlos Méndez Casariego, por lo que vuelve a quedar vigente la condena a 18 años de prisión que le había impuesto el Tribunal Oral Federal de San Juan por delitos de lesa humanidad.

La decisión del máximo tribunal se conoció en el marco del segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad de San Juan, un proceso que había terminado con la absolución del exmilitar en la instancia de Casación y que ahora, tras años de recursos, regresa a su punto de partida.

El recurso que cambió el final

El caso llegó a la Corte a partir de un recurso presentado por el entonces procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien cuestionó los argumentos con los que Casación había desvinculado a Méndez Casariego.

En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que compartía los fundamentos y conclusiones expuestos por el Procurador General. Por eso resolvió hacer lugar parcialmente a la queja, declarar parcialmente procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia que había beneficiado al exmilitar, según reveló una crónica del medio 0264 Noticias.

Qué rol se le atribuye en el aparato represivo

La discusión judicial giró en torno al grado de conocimiento y participación que tuvo Méndez Casariego durante el funcionamiento del aparato represivo en San Juan. De acuerdo con la acusación, el exmilitar era teniente primero y se desempeñaba como jefe de la Compañía Comando del RIM 22.

En ese contexto fue designado instructor de los sumarios militares iniciados contra personas que permanecían detenidas en el Penal de Chimbas. Para la Fiscalía, esa intervención no fue un dato menor: la hipótesis del Ministerio Público fue que esas actuaciones contribuyeron a darle una apariencia de legalidad a las detenciones y a ocultar las condiciones en las que se encontraban los presos políticos.

Casal sostuvo que “resulta claro al tener en cuenta la jerarquía de Méndez Casariego y la función que cumplía en aquel regimiento, cuyos efectivos, tal como se comprobó en esta causa, intervinieron en decenas de hechos similares”.

El caso Carvajal, una pieza clave

Uno de los puntos que la acusación consideró especialmente relevantes fue el de Alberto Carvajal, quien murió en el Penal de Chimbas después de haber firmado una supuesta declaración mientras estaba detenido. Durante el proceso quedó establecido que la versión inicial que indicaba que Carvajal se había suicidado fue descartada y se determinó que había fallecido como consecuencia de las torturas sufridas.

Méndez Casariego había intervenido como instructor en el sumario en el que Carvajal figuraba como acusado y había firmado el acta correspondiente. Para la acusación, ese elemento resultaba incompatible con la idea de que el exmilitar desconociera por completo lo que ocurría con los detenidos.

“Resulta ingenuo aceptar sin más que ni siquiera aquella muerte le habría llamado la atención al imputado como para indagar acerca de la situación de los detenidos en el marco de los sumarios que estaba instruyendo”, había planteado Casal.

Del megajuicio a la Corte

El segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad en San Juan comenzó en marzo de 2017 y reunió causas vinculadas con más de 200 víctimas bajo la jurisdicción del Área Militar 332, cuya jefatura estaba en el RIM 22.

En octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a prisión perpetua a once acusados, entre ellos Jorge Olivera, Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Juan Francisco Del Torchio, Eduardo Cardozo y Juan Carlos Coronel. Méndez Casariego recibió entonces una pena de 18 años de prisión, mientras que Juan Alberto Aballay fue condenado a seis años.

El escenario cambió cuando la Cámara Federal de Casación Penal revisó las condenas: confirmó varias de las penas, pero absolvió a Méndez Casariego. La Fiscalía insistió entonces ante la Corte Suprema y cuestionó esa absolución. Ahora el máximo tribunal hizo lugar parcialmente al planteo y dejó sin efecto la sentencia de Casación. Después de años de recursos y revisiones judiciales, la condena dictada en San Juan contra Méndez Casariego vuelve a quedar vigente.