La Corte habilitó la venta de tierras a extranjeros: quiénes marchan hoy

Empresarios, trabajadores estatales, organizaciones sociales y ex combatientes de Malvinas se movilizan este martes a las 16 al Palacio de Tribunales para repudiar el fallo de la Corte Suprema que dejó operativo el artículo del DNU 70/23 que elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La protesta funciona como anticipo de una jugada mayor: el 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados sesione para intentar rechazar y dejar sin efecto el mega decreto, la presión se trasladará al Congreso Nacional.

Qué cambió con la decisión del máximo tribunal

La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y sumaba restricciones por nacionalidad y por titular. El DNU 70/2023 la derogó. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo que eliminaba esa norma, pero la Corte Suprema revocó esa decisión el 29 de septiembre.

El tribunal intentó despejar el malestar con un comunicado enviado a algunos periodistas: aseguró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, sino que resolvió que el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no existía una controversia judicial que habilitara el tratamiento del planteo. En los hechos, la medida volvió a dejar vigente el artículo del DNU que elimina los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

ATE para y se retira desde las 12

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo desde las 12 en ministerios, organismos públicos y empresas estatales para sumarse a la marcha. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, planteó que el fallo afecta la división de poderes y sostuvo que la Corte pasó por encima de decisiones del Congreso. El gremio vinculó la defensa de la tierra con la soberanía nacional y con el riesgo de extranjerización del territorio.

ATE ya se había declarado en estado de alerta y movilización tras el fallo y venía reclamando una respuesta conjunta del movimiento sindical para frenar la extranjerización de las tierras.

Las dos CTA, al frente de la convocatoria

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores son las principales organizaciones sindicales que convocaron la protesta bajo la consigna “La patria no se vende. La soberanía tampoco”. Cuestionan que el fallo deje sin efecto los límites de la Ley de Tierras y consideran que abre la puerta a una adquisición indiscriminada de territorio por parte de capitales extranjeros.

Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, apuntó contra la situación del CECIM: cuestionó que los excombatientes hayan sido considerados sin legitimidad para defender judicialmente la soberanía territorial. Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T, planteó que la movilización debe continuar en el Congreso, donde la oposición buscará avanzar el 15 de octubre con el rechazo del DNU 70/2023.

El reclamo de los excombatientes

El CECIM La Plata, que inició la demanda judicial contra la derogación de la Ley de Tierras, ocupa un lugar central en la convocatoria. Para los excombatientes, el fallo implica una deslegitimación de su derecho a recurrir a la Justicia para defender una cuestión que consideran directamente vinculada con la soberanía por la que combatieron en Malvinas.

Hugo Robert, vicepresidente del CECIM, cuestionó que, 44 años después de la guerra, se les niegue legitimidad para defender judicialmente aquello por lo que fueron enviados a combatir. El secretario de Derechos Humanos de la organización, Ernesto Alonso, sostuvo que no pueden permitir que avance lo que calificó como un “plan sistemático de entrega” y confirmó la participación del CECIM en la marcha.

Organizaciones sociales y réplicas en las provincias

La protesta también reúne a organizaciones sociales, territoriales, ambientales y de derechos humanos. En Buenos Aires, la convocatoria se articula con las CTA y el CECIM, mientras que en distintas provincias se organizaron concentraciones propias contra el fallo. En Entre Ríos, por ejemplo, organizaciones sociales, políticas y socioambientales convocaron bajo la consigna “La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el eje común de las organizaciones es que la derogación de la Ley de Tierras no debe traducirse solamente en una discusión sobre propiedad privada, sino también en un debate sobre soberanía territorial, recursos naturales, agua, zonas de frontera y soberanía alimentaria.

Desde APYME, los empresarios nucleados en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios advirtieron: “Ese mega decreto es un verdadero plan de destrucción masiva que desmantela el plexo normativo de protección y fomento al entramado productivo local. Además de la Ley de Tierras, da de baja ítems como la Ley de Compre Nacional, los regímenes de apoyo a proveedores locales y exportaciones, la Ley de Góndolas, las regulaciones de fomento a la producción y el consumo, y los marcos de Defensa de la Competencia”.