CAMMESA reclama $8.183 millones y la Corte ya le puso plazo a La Rioja para contestar. El esquema con el que Quintela frenó el tarifazo nacional quedó bajo la lupa del máximo tribunal: qué normas apuntan y quién más interviene.
La política eléctrica del gobernador Ricardo Quintela desembarcó en el máximo tribunal del país. La Corte Suprema ordenó tramitar como juicio ordinario la demanda que presentó CAMMESA contra La Rioja por las normas con las que la Provincia frenó el traslado de los precios nacionales a las facturas de EDELAR.
La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y quedó registrada en el expediente CSJ 1847/2024. El tribunal se declaró competente de forma originaria y le corrió traslado a la Provincia por 60 días, con notificación al gobernador y al fiscal de Estado.
Quién más queda sentado en la mesa
La Corte también citó al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para que intervenga en el expediente como tercero. Así, el litigio involucra a las tres partes: la mayorista, la Provincia y el Gobierno central.
El planteo de CAMMESA apunta contra dos normas concretas: el Decreto provincial 370/2024 y la Resolución 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía. Según el escrito que recogió el fallo, ese esquema impidió aplicar el precio estacional que fijó la Secretaría de Energía y habilitó a descontar de las compras mayoristas los créditos reconocidos a los usuarios.
La deuda que denunció la mayorista
CAMMESA sostuvo que esa decisión alteró la cadena de pagos del mercado eléctrico. Al iniciar la acción, la empresa informó una deuda de $8.183.406.774,76. Se trata del importe reclamado al momento de abrir el expediente: no es un saldo actualizado a octubre de 2026 ni una condena de pago dictada ahora.
La regulación provincial había previsto que el gobierno riojano asumiera transitoriamente el costo mediante un fondo de compensación. La mayorista afirmó en su demanda que la Provincia no realizó pagos cancelatorios de esas compras. Esa acusación integra el litigio y todavía debe distinguirse de una conclusión definitiva de los jueces.
El beneficio atado a los tribunales
Según la resolución provincial que reseñó la Corte, el beneficio para los usuarios quedó ligado a la presentación de acciones judiciales contra el cuadro tarifario nacional. El conflicto abarca, entonces, tanto la política de precios local como el financiamiento de la energía que compra la distribuidora.
Los magistrados no declararon inconstitucionales las normas cuestionadas ni hicieron lugar a la medida cautelar que pidió CAMMESA. Reservaron ese tratamiento para después de las contestaciones o del vencimiento del plazo correspondiente.
Con la decisión del jueves 29, el planteo dejó de ser una presentación suelta y se convirtió en un proceso ordinario ante el máximo tribunal. La Provincia tiene ahora 60 días para responder la demanda contra el régimen eléctrico de Quintela.
