La Corte le cerró la puerta a Galán y ahora todo queda en manos de la Legislatura

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca declaró formalmente inadmisible el recurso de casación que la defensa de José Javier Galán había presentado contra la resolución de la Cámara de Apelaciones. La medida quedó plasmada en el Auto Interlocutorio N.º 53 y representa un nuevo revés procesal para el legislador.

El recurso correspondía a una presentación hecha semanas atrás, en el marco de la causa por peculado de trabajos o servicios que le inició su exempleado Iván Luna Avellaneda.

Qué había resuelto la Cámara de Apelaciones

Para dimensionar el alcance de la decisión de la Corte, conviene repasar los pasos previos. La Cámara de Apelaciones había resuelto parcialmente un planteo de la defensa y modificó una decisión anterior del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, vinculada con la solicitud de desafuero del legislador.

En concreto, dejó sin efecto el pedido de desafuero en lo que respecta a la investigación por los presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de armas y exacciones ilegales. En cambio, confirmó parcialmente la solicitud de desafuero para posibilitar su sometimiento a proceso penal por la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios.

Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte de Justicia, alegando una supuesta inobservancia y errónea aplicación de la ley.

Por qué la Corte consideró que el recurso no era la vía

La Sala Penal analizó primero si la resolución cuestionada podía revisarse por esa vía recursiva. Recordó que el artículo 455 del Código Procesal Penal establece que la casación procede, como regla, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al proceso, impidan su continuación o produzcan alguno de los restantes efectos expresamente contemplados por la norma.

Los ministros entendieron que la confirmación parcial del pedido de desafuero por la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios no constituye una decisión definitiva, porque no pone fin a la discusión sobre esa cuestión. Su eventual procedencia queda supeditada a lo que resuelva la Legislatura de la Provincia.

También señalaron que la continuidad de una investigación penal no convierte, por sí sola, a una resolución en equiparable a una sentencia definitiva. Para admitir esa excepción, quien recurre debe demostrar un perjuicio concreto, actual y de imposible o difícil reparación ulterior.

En este caso, la Sala consideró que la defensa se había limitado a invocar la posible afectación de garantías constitucionales, sin explicar de qué manera concreta la decisión cuestionada generaba un perjuicio de esa magnitud que justificara habilitar la revisión por casación.

Con esos fundamentos, declaró formalmente inadmisible el recurso interpuesto.

Qué significa esta decisión y qué no significa

La decisión de la Sala Penal se circunscribe a la admisibilidad formal del recurso de casación. Por lo tanto, no representa un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados ni sobre la responsabilidad penal del legislador.

Tampoco supone que se haya dispuesto su desafuero. Respecto de la investigación por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios, la solicitud continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura provincial, conforme a lo señalado en la resolución de la Cámara de Apelaciones.

La Sala Penal está integrada por su presidenta, la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, y los ministros Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño.