La Corte Suprema le cerró la puerta a la apelación del jefe comunal de Loventuel y la sanción ya tiene fecha de efecto: deberá dejar el cargo antes de lo que muchos imaginaban. La medida alcanza a los vecinos de la localidad, que se quedan sin quien conduce la Comisión de Fomento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le cerró la puerta a la última apelación de Oscar Hugo Martínez y dejó firme la condena contra el presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La sanción: una multa de 5.000 pesos y dos meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En la práctica, Martínez deberá apartarse de la conducción comunal en cuanto sea notificado. La localidad del oeste pampeano se queda, por un tiempo, sin su referente al frente del Ejecutivo municipal.
El origen: un cheque firmado sin permiso
La causa se remonta a 2016. Por entonces, el jefe comunal gestionó un préstamo de 2,6 millones de pesos para financiar obras en el salón de usos múltiples de la localidad.
Para garantizar la operación, firmó un cheque de la Comisión de Fomento sin la autorización previa del Poder Ejecutivo provincial, un requisito que exige la Ley 1597.
El documento fue rechazado por un defecto formal y el préstamo terminó cancelado. Aun así, la Justicia sostuvo que el delito quedó configurado: se comprometieron recursos públicos sin cumplir con los procedimientos legales.
Sin perjuicio económico, igual hubo responsabilidad penal
Los magistrados fueron categóricos en ese punto: la existencia de un perjuicio económico concreto no era necesaria para establecer la responsabilidad penal del funcionario.
El incumplimiento se configuró por haber dispuesto de fondos de la comuna sin la autorización que marca la normativa vigente. Con el rechazo de la apelación, el máximo tribunal dejó firme la condena y la inhabilitación deberá hacerse efectiva durante dos meses.
Otra causa pendiente y una condena que aún no está firme
Martínez afronta además otra condena de dos años de prisión en suspenso por peculado y uso de documentos privados falsos.
En ese expediente la sentencia todavía no está firme: el recurso presentado también espera resolución ante la Corte Suprema. Es decir, por ahora esa pena no se ejecuta y el jefe comunal mantiene abierta la instancia judicial.
