La Corte Suprema de EE.UU. les cerró una puerta clave a los inmigrantes que esperan la green card

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes 27 de octubre de 2026 una solicitud de emergencia para que los jueces de inmigración pudieran volver a pausar temporalmente los procesos de deportación. Con esa negativa, quedó firme el bloqueo al mecanismo conocido como “cierre administrativo”, una herramienta que durante décadas permitió congelar expedientes mientras el migrante resolvía un trámite legal paralelo.

La decisión deja vigente el acuerdo entre la administración de Donald Trump y el estado de Texas, que prohíbe la práctica en todo el país mientras el litigio continúa su curso.

Qué era el cierre administrativo y por qué lo usaban los jueces

Según informó Reuters, los tribunales de inmigración recurrieron durante años a este mecanismo para manejar cientos de miles de casos en agendas saturadas. El cierre administrativo permitía suspender un expediente de deportación cuando la persona tenía en paralelo una solicitud de green card, una petición de visa o una apelación de una condena penal.

En 2024, el gobierno de Joe Biden formalizó y codificó el procedimiento mediante una regla federal, con el argumento de ordenar el trabajo de los tribunales y garantizar un trato equitativo.

Los críticos de la medida, encabezados por Texas y el equipo de Trump, sostuvieron que en la práctica funcionaba como una amnistía que dejaba a personas sin estatus legal permanecer en el país de manera indeterminada.

El impacto directo sobre quienes tramitan la residencia

El bloqueo golpea de lleno a los inmigrantes que están en pleno proceso de residencia permanente. Al no poder pausarse los expedientes, los casos de deportación siguen avanzando sin esperar a que las agencias resuelvan la solicitud pendiente. Eso expone a esas personas a ser expulsadas antes de que terminen sus trámites.

Cómo se gestó el bloqueo: la demanda de Texas y el acuerdo con la Casa Blanca

Todo empezó cuando Texas presentó una demanda federal para frenar la regla aprobada en la era Biden. El 22 de junio, el mismo día de la presentación, la administración Trump y las autoridades texanas suscribieron un acuerdo conjunto en el que pedían declarar ilegal la norma.

El juez federal de distrito Reed O’Connor, con sede en Wichita Falls, Texas, aprobó ese acuerdo. La Corte Suprema no aceptó revisarlo, lo que en los hechos ratificó la medida. Antes, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito también había rechazado suspender el acuerdo mientras se resolvían las apelaciones.

Ciudades y organizaciones que salieron a pelear

Baltimore (Maryland), Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), junto con el grupo legal Centro Legal de la Raza, habían pedido sumarse al caso para defender la normativa. Presentaron un recurso de urgencia ante la Corte Suprema después de que un juez les negara la posibilidad de intervenir.

De acuerdo con Associated Press, los demandantes acusaron a Texas y al gobierno federal de actuar en connivencia para bloquear la norma sin pasar por el proceso público de consulta reglamentaria.

Tras el fallo del martes, los litigantes y sus abogados, del grupo jurídico liberal Democracy Forward, expresaron su decepción en un comunicado. “La eliminación de estas protecciones expone a las personas vulnerables a un mayor riesgo de deportación y socava la seguridad pública en comunidades de todo el país”, afirmaron, y cuestionaron la aplicación de la política.