Tres expedientes, una ley electoral bajo la lupa y un requisito de 15 departamentos que quedó en el centro de la disputa. La Corte de Salta resolvió y el impacto se siente en cada fuerza política que quiere competir.
La Corte de Justicia de Salta puso fin a la pulseada judicial en torno a la Ley 8535 de Participación Democrática: el máximo tribunal provincial rechazó los planteos de inconstitucionalidad y ratificó la validez de todo el régimen electoral sancionado por la Legislatura. La decisión alcanza a las exigencias para candidatearse, a la conformación de frentes y al mecanismo con el que se reparten los cargos.
El fallo respondió a tres expedientes que habían puesto la norma bajo la lupa. Los planteos fueron presentados por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (expediente CJS 978.543/26), Claudio Ariel Del Plá (CJS 978.978/26) y Alejandro Patrón Costas (CJS 978.881/26). Los tres cuestionaban la normativa electoral y ahora recibieron una respuesta adversa.
Qué dice el fallo sobre el poder de la Legislatura
El eje del razonamiento judicial fue que las provincias tienen autonomía para diseñar sus propios sistemas electorales, tal como lo establecen los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. En esa línea, los jueces remarcaron que el artículo 56 de la Constitución Provincial deja en manos de la ley la definición del régimen electoral y que el artículo 127, inciso 16, le otorga a la Legislatura facultades amplias para reglamentarlo de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales.
Para el Tribunal, elegir un sistema electoral es una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia que les corresponde resolver a los poderes políticos del Estado. Traducido: la Legislatura tiene la competencia para fijar las reglas, siempre que respete los límites de las constituciones nacional y provincial.
Los 15 departamentos: el requisito que quedó validado
Uno de los puntos más discutidos era el artículo 2 de la Ley 8535, que obliga a las fuerzas políticas a presentar candidaturas en al menos 15 departamentos de Salta para poder postular a gobernador y vicegobernador. La Corte lo consideró razonable porque impone una condición de organización y participación territorial a las agrupaciones.
El argumento central: el gobernador representa a la totalidad de la provincia y no solo a algunos departamentos. Además, el fallo aclaró que esta exigencia no toca los requisitos personales para acceder al cargo, que siguen siendo los que fija la Constitución Provincial.
Frentes electorales: mínimo de dos partidos
Otro de los aspectos revisados fue la obligación de que los frentes electorales estén integrados por al menos dos partidos políticos. La Corte también la declaró constitucional y la consideró coherente con el objetivo de la ley de garantizar una mayor representatividad de las fuerzas que compiten en los comicios.
En ese sentido, el Tribunal sostuvo que la norma respeta el principio de igualdad, porque aplica el mismo tratamiento a quienes están en circunstancias equivalentes, y que es válido distinguir entre partidos políticos y alianzas electorales, ya que se trata de organizaciones con características distintas.
El mecanismo de asignación de cargos
La Corte también analizó cómo la ley asigna los cargos y concluyó que respeta el principio de elección directa que establece la Constitución de Salta. Según el fallo, la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata de la voluntad del electorado, sin órganos intermediarios de por medio.
Con esta resolución, el máximo tribunal salteño ratificó la validez constitucional de la Ley de Participación Democrática y de todas las disposiciones que habían sido cuestionadas: la participación territorial de las fuerzas políticas, la conformación de frentes electorales y el sistema de reparto de cargos. El pronunciamiento funciona como un respaldo judicial al régimen electoral aprobado por la Legislatura y deja en claro que esas condiciones entran dentro de las facultades constitucionales del Poder Legislativo provincial.
