La defensa de una exfuncionaria de Concordia fue a la Justicia: «Nos impiden defendernos»
Una exfuncionaria de Concordia está en la mira de la Justicia por la causa GNC. Su abogada pidió papeles clave para defenderse, pero la Fiscalía se los negó. Ahora fue al juez de Garantías y advirtió: «Nos impiden defendernos». ¿Qué documentos le bloquean?
La abogada Cielo Petit, defensora de una exfuncionaria señalada en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de GNC durante la gestión municipal de Enrique Cresto, denunció que la Fiscalía le bloquea el acceso a documentación clave. «Nos impiden defendernos», disparó.
El conflicto estalló el 3 de noviembre, cuando los fiscales Daniela Montangie y Mauro Jaume rechazaron una serie de pedidos de prueba que había presentado Petit. La disputa judicial involucra a Mireya Liliana López Bernis, exfuncionaria apuntada en el expediente.
Qué pidió la defensa
Entre los requerimientos rechazados hay una ordenanza sobre compras de combustible. Según Petit, esa norma aparece citada en las actuaciones pero no está publicada en el Digesto Municipal. También reclamó la nómina del personal del corralón municipal, en especial del área administrativa donde se habrían originado las compras directas.
Para la letrada, esa información es indispensable para reconstruir el mecanismo de las adquisiciones y determinar qué vehículos municipales usaban GNC. «Esa documentación permitiría demostrar que las unidades señaladas en la causa existían y podían funcionar con ese combustible al momento de las compras», sostuvo.
Otro de los pedidos apuntó al circuito administrativo: quién iniciaba los expedientes, qué funcionarios intervenían y en qué orden se incorporaban las firmas. «Ese recorrido resulta relevante para establecer las responsabilidades individuales», explicó Petit.
El argumento de la Fiscalía
Los fiscales rechazaron parte de las solicitudes por considerar que no tenían relación con los hechos investigados. En cuanto a las normas municipales, argumentaron que son disposiciones públicas y que las partes no necesitan aportarlas, en virtud del principio iura novit curia.
La defensa cuestionó esa postura y remarcó la dificultad concreta para acceder a los papeles. «¿Cómo me van a negar una prueba que es documental?», se preguntó Petit. «Necesito información que está en poder del Estado y que no me entregan».
La abogada señaló que en causas por presunta corrupción gran parte de la prueba suele estar en expedientes, registros de compras y procedimientos administrativos, por lo que reclamó que la Fiscalía facilite el acceso cuando las defensas lo piden.
«La Fiscalía tiene que encontrar la verdad y no corroborar su teoría del caso», afirmó. Y fue más allá: según su experiencia en investigaciones de corrupción en Concordia, la Fiscalía Anticorrupción «no tiene objetividad, es totalmente parcial».
Los próximos pasos
Petit anticipó que acudirá al juez de Garantías para solicitar autorización y así obtener la documentación que le fue denegada. Además, advirtió que si las condiciones que cuestiona se mantienen, podría pedir el traslado de la causa a otra jurisdicción, al considerar que existe un «evidente direccionamiento investigativo» en este tipo de causas dentro del Ministerio Público Fiscal de Concordia.
La investigación se inició en abril de 2024 y abarca compras de GNC efectuadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. La hipótesis de la acusación sostiene que se habrían cargado cantidades de combustible a vehículos que figuraban como parte de la flota municipal.
La pelea por las pruebas expone una tensión de fondo: quién controla el acceso a los papeles del Estado cuando una causa tramita en la justicia de Concordia. El debate dejó de ser solo técnico para volverse político, institucional y judicial. Si la documentación reclamada resulta clave, el juez de Garantías deberá definir quién abre la caja de los papeles. Hasta entonces, la causa GNC sigue con dos frentes: la investigación de fondo y la disputa por la prueba.
