Se nombró gerente de la empresa que presidía y se computó 40 años de antigüedad: cómo terminó
Cristina Maccio presidía CEGSA y, al mismo tiempo, se designó gerente de Legales con un adicional por 40 años de antigüedad. La Justicia revisó esa maniobra y encontró un problema de fondo: qué resolvió sobre su demanda.
La Justicia rechazó la demanda laboral de Cristina Beatriz Maccio, expresidenta de la Compañía Entrerriana de Gas (CEGSA), que reclamaba beneficios salariales por su designación como gerente de Legales y por el reconocimiento de una antigüedad profesional de 40 años. La sentencia, del 3 de noviembre de 2026, le impuso las costas del proceso.
El caso se originó cuando la actual administración provincial revisó las condiciones laborales y remunerativas de la exfuncionaria, que había ocupado al mismo tiempo la presidencia de la firma y la Gerencia de Legales. Durante su gestión, Maccio se reconoció un adicional por antigüedad calculado desde su matriculación como abogada, y no desde los años de servicio efectivamente prestados dentro de la compañía.
Frente a los cuestionamientos de las nuevas autoridades, la exdirectiva empezó a pedir licencias y después se consideró despedida. Ese camino desembocó en la demanda laboral contra CEGSA, que quedó desestimada en primera instancia.
Por qué el juzgado consideró inválida la contratación
Según los fundamentos del fallo, existía un conflicto de intereses entre el rol de Maccio como presidenta de la empresa y su incorporación como empleada. Para el tribunal, la exfuncionaria no podía intervenir en una decisión que la beneficiaba directamente, porque actuaba a la vez como representante de la empleadora y como destinataria de la contratación.
La resolución sostuvo que Maccio debió abstenerse de participar en su propia designación, por los intereses contrapuestos entre su situación personal y las responsabilidades que tenía como autoridad de la sociedad.
El fallo también puso la lupa sobre el adicional por antigüedad profesional, que se había tratado en una asamblea extraordinaria de accionistas de marzo de 2023. De acuerdo con la sentencia, el beneficio se incorporó de manera confusa e indirecta, sin una aprobación expresa de la contratación laboral ni del régimen remunerativo que se pretendía aplicar. Con esos argumentos, el juzgado rechazó el reclamo y cargó las costas a la demandante.
El contexto: una empresa con dificultades económicas
El conflicto se dio en medio de una revisión administrativa y financiera de CEGSA impulsada por la actual gestión provincial. Según los antecedentes relevados por las nuevas autoridades y la información de la representación legal de la empresa, la compañía atravesaba dificultades económicas y operativas cuando se analizaron las remuneraciones de sus directivos.
Entre los problemas identificados aparecían la falta de una tarifa que permitiera facturar el transporte de gas, la paralización de obras y deudas con Transportadora de Gas del Norte (TGN) ligadas a la operación y el mantenimiento del gasoducto.
La administración provincial también cuestionó que, mientras la empresa no tenía ingresos por transporte y mantenía compromisos financieros pendientes, sus autoridades cobraran remuneraciones elevadas, adicionales salariales y pagos por la acumulación de cargos. En ese marco, el caso de Maccio fue presentado por la conducción actual como uno de los ejemplos de las irregularidades administrativas que buscaba revisar.
El rechazo de CEGSA y el dictamen de Fiscalía de Estado
Desde el comienzo del conflicto, CEGSA rechazó la pretensión laboral de la expresidenta. Su postura contó además con un dictamen de la Fiscalía de Estado contrario a la procedencia del reclamo.
Más tarde, la asamblea de accionistas estableció que la antigüedad reconocida al personal debía calcularse sobre la base de los servicios efectivamente prestados dentro de la empresa. Esa decisión cambió el criterio que le había permitido a Maccio computar cuatro décadas de ejercicio profesional para determinar un adicional salarial.
Por otro lado, la representación legal de CEGSA informó que, en una actuación independiente de esta demanda, se detectó que la exdirectiva no había declarado su condición de jubilada y había percibido importes vinculados con aportes previsionales que, según la empresa, no le correspondían. De acuerdo con esa información, la Caja de Jubilaciones inició la recuperación de esos montos mediante descuentos sobre sus haberes.
Un fallo que todavía puede revisarse
La resolución es de primera instancia y aún no adquirió firmeza, por lo que podría ser revisada a través de los recursos procesales correspondientes.
Desde la actual administración provincial destacaron que el pronunciamiento coincide con los cuestionamientos formulados a la contratación y al reconocimiento de beneficios salariales durante la gestión anterior. Para el gobierno de Rogelio Frigerio, el caso refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las empresas con participación estatal y de garantizar que las decisiones administrativas respondan a los intereses de las instituciones.
La postura oficial sostiene que los recursos de estas compañías deben destinarse prioritariamente a la prestación de servicios, el mantenimiento de la infraestructura y la ejecución de obras. En ese sentido, la administración provincial considera que la sentencia respalda su decisión de revisar las contrataciones y los regímenes remunerativos establecidos anteriormente, aunque el conflicto judicial seguirá abierto hasta que exista una resolución definitiva.
