La disputa judicial que podría cambiar las reglas de la elección universitaria

Un juez federal decidió acelerar el trámite de una causa que busca determinar si el actual rector puede presentarse a un nuevo mandato consecutivo. La resolución, que dejará el expediente en condiciones de sentencia sin abrir la causa a prueba, impactará directamente en el proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

El magistrado Guillermo Díaz Martínez resolvió que, una vez cumplidos los plazos procesales vinculados a la excepción planteada, las actuaciones pasen directamente a despacho para el dictado de la resolución definitiva. De esta manera, dejó en claro que tanto el fondo del planteo como la medida cautelar solicitada serán analizadas de manera conjunta.

¿Quiénes impulsaron la acción judicial?

El expediente se originó a partir de una acción declarativa de certeza promovida por los decanos Miguel Ángel Cabrera, de la Facultad de Ciencias Exactas, y Virginia Abdala, de Ciencias Naturales. Los actores contaron con el patrocinio del abogado Gonzalo Casas.

La demanda solicita a la Justicia que determine si el actual rector, Sergio José Pagani, está habilitado para presentarse a un nuevo mandato consecutivo. El planteo sostiene que el Estatuto vigente establece un límite de dos períodos consecutivos para ejercer el rectorado.

¿Qué argumenta la universidad?

La UNT, representada por su apoderado Jorge Chehín, rechazó tanto la demanda como la cautelar. Sostuvo que no existe un caso concreto, sino una hipótesis eventual, ya que aún no se han oficializado candidaturas.

En su presentación, la casa de altos estudios afirmó que no hay una incertidumbre jurídica actual ni un acto que afecte derechos subjetivos. Además, alertó que una decisión judicial podría generar una “grave perturbación institucional” y reiteró que la interpretación del Estatuto corresponde, en primera instancia, a las propias autoridades universitarias.

¿Por qué se considera urgente?

Los decanos argumentaron la existencia de un “estado de incertidumbre jurídica” que, a su entender, afecta el desarrollo del proceso electoral y justifica la intervención judicial antes de la oficialización de listas. A la acción principal se sumó un pedido de medida cautelar para impedir que se consolide una interpretación contraria al Estatuto durante los comicios.

El letrado Gonzalo Casas subrayó que la proximidad de los plazos para la inscripción de listas y la definición de candidaturas torna necesaria una resolución urgente. Argumentó que postergar la decisión podría trasladar el conflicto a una etapa más avanzada, con consecuencias potencialmente más graves para la institucionalidad.

¿Qué sucederá ahora?

Con todos los elementos incorporados, el juez entendió que no resulta necesario producir nuevas pruebas y que la controversia puede resolverse sobre la base de la documentación ya existente en el expediente. Esta definición imprime mayor celeridad al trámite.

Uno de los puntos centrales del litigio fue la excepción de falta de legitimación activa planteada por la UNT, que cuestiona la capacidad de los decanos para impulsar la acción. Esa defensa fue respondida por Casas, quien ratificó la legitimación de sus representados.

Mientras tanto, la figura del rector Sergio Pagani continúa en el centro del debate, aunque hasta el momento no ha confirmado si buscará una nueva postulación. La inminencia de los plazos electorales y la falta de definiciones públicas aumentan la expectativa en torno a la decisión judicial.

El fallo que se pronuncie no sólo impactará en la competencia interna de la UNT, sino también en los alcances de la autonomía universitaria y en la interpretación de sus normas estatutarias.