La Fiscalía imputó a Santiago Peña y pidió su prisión preventiva: la cifra que dejó a todos en silencio
La imputación contra Santiago Peña por Ueno Bank ya tiene un número que escala el caso a otra dimensión: la Fiscalía calculó el perjuicio tomando los fondos estatales que quedaron en la entidad. Los depósitos de IPS, Itaipú y Yacyretá están en el centro del expediente, y hay dos préstamos personales que los fiscales miran con lupa.
La Fiscalía de Paraguay dio un paso que sacude la política del país vecino: imputó al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades en torno a Ueno Bank. En el mismo escrito, los fiscales reclamaron que ambos exfuncionarios queden detenidos de forma preventiva.
La presentación se concretó el sábado 7 de noviembre a las 14:01 y quedó en manos de los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez.
Las acusaciones no son las mismas para los dos. A Peña se le atribuyen los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Carvallo, en tanto, suma una imputación por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
El número que ordena toda la causa
El eje de la investigación es el dinero público que pasó por la entidad. Según el expediente, entre 2023 y 2026 Ueno Bank SA habría recibido depósitos y colocaciones de una larga lista de organismos estatales y previsionales: el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la ANDE y distintas cajas de jubilaciones.
Un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas puso cifras a esa relación. Hasta septiembre de 2026, los fondos estatales depositados en la entidad llegaban a 3.608.550.782.201 de guaraníes y u$s233.400.495.
Sobre esa base, la Fiscalía calculó el presunto perjuicio patrimonial: unos US$ 576,1 millones en moneda local y otros US$ 233,4 millones en dólares, lo que en total supera los u$s809 millones.
El expediente también apunta a que el banco habría seguido dando créditos a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, aun cuando ya se habían detectado presuntas irregularidades en sus operaciones.
Las acciones, el patrimonio y el Grupo Vázquez
Uno de los puntos más sensibles de la imputación es el vínculo económico que Peña habría mantenido con el grupo empresarial mientras ocupaba la Presidencia. La investigación sostiene que en marzo de 2019 compró 1.500 acciones preferidas de Credicentro SAECA —firma que después se integró a Ueno Holding SAECA— por 1.500 millones de guaraníes.
Cuando presentó su declaración jurada en agosto de 2023, ya como presidente, Peña informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes. Ese número representaba un salto del 1.603% frente a su presentación anterior, de 2017.
La documentación fiscal también menciona activos financieros por 8.894 millones de guaraníes ligados al Grupo Vázquez. Allí aparecían acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank por 2.400 millones de guaraníes y un bono de ITTI SAECA. Aunque en marzo de 2025 se habría concretado el rescate de sus acciones, Peña habría conservado el certificado de depósito y el bono.
Los dos préstamos para la casa de San Bernardino
La acusación reconstruye además cómo creció Ueno Bank durante la gestión de Peña. La entidad obtuvo su licencia bancaria en noviembre de 2023 y absorbió Visión Banco en mayo de 2024. En paralelo, el mandatario habría impulsado cambios normativos que facilitaron colocar activos previsionales en entidades financieras privadas.
El expediente incorpora dos préstamos que el banco le otorgó a Peña el 13 de mayo de 2024 por 3.548 millones de guaraníes, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino. Las cuotas mensuales eran de 239 millones de guaraníes, aproximadamente seis veces su remuneración presidencial de 37,9 millones de guaraníes.
Los fiscales también reseñaron reuniones entre Peña y el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, entre el 22 y el 27 de agosto de 2024. Dos días después del último encuentro, el organismo aprobó la compra de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, a siete años de plazo.
Las defensas públicas y los sobres en Mburuvicha Róga
El escrito recopila además declaraciones públicas del expresidente en defensa del banco. En octubre de 2024 calificó los cuestionamientos por la concentración de fondos estatales como una “campaña mediática mezquina, mentirosa”. En octubre de 2026 volvió a respaldar a la entidad frente a las observaciones regulatorias y pidió “calma y prudencia”.
La imputación también suma elementos de la investigación periodística conocida como “Sobres del poder”. Según la Fiscalía, dos paquetes con u$s100.000 cada uno habrían estado en un sector privado de la residencia presidencial Mburuvicha Róga. El personal doméstico los encontró en octubre de 2024 y febrero de 2025, y Peña los habría recibido el 17 de junio de ese año.
La causa menciona, asimismo, reuniones reservadas entre el mandatario y Miguel Vázquez, titular del grupo económico vinculado a Ueno, en distintas fechas entre diciembre de 2023 y abril de 2025.
El conflicto de intereses que salpica al Banco Central
En el caso de Carvallo, la Fiscalía investiga un posible conflicto de intereses: antes de llegar al BCP había presidido Financiera Ueno, y fue Peña quien lo designó al frente del organismo. Según la acusación, desde allí habría intervenido en decisiones sobre la autorización, la regulación y la supervisión de la entidad bancaria.
Los investigadores también señalan presuntas irregularidades en los límites de operaciones con personas vinculadas y en la situación patrimonial del banco. Y sostienen que Carvallo habría omitido información en informes remitidos al Senado.
La investigación busca ahora determinar las responsabilidades de ambos exfuncionarios en las operaciones financieras y en el destino de los fondos públicos que quedaron depositados en Ueno Bank.
