La frase al aire que desató una denuncia penal contra un streaming político de Paraná
Un programa de streaming político de Paraná quedó en el centro de una denuncia penal del municipio. La frase que se pronunció al aire sobre la intendenta Rosario Romero y el pedido que hizo el Ejecutivo a la Justicia.
El municipio de Paraná formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos por lo que considera graves manifestaciones emitidas en el programa de streaming político "El Fortín". La presentación la hizo el doctor Pablo José Testa, apoderado y secretario Legal y Administrativo de la comuna.
La acción judicial pide que se investiguen posibles delitos de amenazas, instigación a cometer delitos e incitación a la violencia colectiva. Además, solicita que el caso se aborde con perspectiva de género y bajo la normativa nacional que protege contra la violencia política hacia las mujeres.
Quiénes están señalados
La denuncia individualiza a los responsables de producir y difundir el programa, emitido por YouTube el 17 de noviembre de 2026. Según el escrito, la dirección del medio y la conducción del espacio están a cargo del concejal de Paraná Maximiliano Rodríguez Paulin, quien co-conduce junto a Juan Manuel Hernández, fotógrafo y comunicador.
En esa emisión participaron los conductores y el secretario de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, Aníbal Steren. El debate giró en torno al servicio interurbano de pasajeros en la capital provincial: la reducción de paradas y la disputa de concesión entre la anterior prestataria (ERSA) y la nueva licenciataria adjudicada.
La frase bajo investigación
En ese contexto, y según la denuncia, Hernández se refirió de manera inequívoca a la intendenta Rosario Romero y pronunció: «¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?».
Para el municipio no se trató de un exabrupto ni de una retractación posterior. Argumenta que, pasadas 24 horas de la transmisión, los propios responsables del medio difundieron en su cuenta de Instagram el video editado de la entrevista al secretario de Transporte, donde resaltaron la expresión contra la jefa comunal.
El encuadre legal
La representación legal de la ciudad sostiene que los dichos exceden una discrepancia o crítica política sobre una medida de gobierno. Los califica como un mensaje intimidatorio de extrema gravedad que introduce la amenaza de un ataque incendiario al domicilio particular de la mandataria.
El escrito pide investigar los hechos bajo tres figuras del Código Penal:
Amenazas (art. 149 bis, primer párrafo): anuncio de un mal futuro ideado para alarmar, infundir temor y atentar contra la seguridad personal y patrimonial de la intendenta.
Instigación a cometer delitos (art. 209): estímulo o instigación pública a la comisión de un delito determinado contra una persona.
Incitación a la violencia colectiva (art. 212): incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones.
Violencia política contra las mujeres
La presentación exige que los hechos se examinen conforme a la Ley Nacional Nº 26.485 y su modificatoria Nº 27.533, que tipifican y sancionan la violencia política contra las mujeres (artículos 5º inciso 6 y 6º inciso h).
En ese sentido, el escrito señala que la alusión a un ataque incendiario, lanzada en el ejercicio de funciones públicas, busca intimidar, condicionar o menoscabar el ejercicio de la máxima responsabilidad institucional del Municipio.
El contexto de violencia urbana
La denuncia enmarca el episodio dentro de una seguidilla de hechos de violencia política y vandalismo registrados en Paraná. Menciona reiterados ataques y un atentado contra unidades colectivas de la empresa San José en el marco del conflicto del transporte urbano, y la quema de contenedores con daño total en calles División de Los Andes, Hipólito Vieytes, Solís, Hugo Montaño y R. Escalabrini Ortiz.
Qué pide la Municipalidad a la Justicia
El escrito presentado por Testa concluye con siete pedidos al Ministerio Público Fiscal:
- Que se tenga por formalmente presentada la denuncia penal.
- Que se disponga la apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
- Que se investigue la eventual comisión de los delitos contemplados en los artículos 149 bis, 209 y 212 del Código Penal.
- Que se analicen los actuados bajo la normativa de prevención y sanción de la violencia política y pública-política hacia las mujeres (Leyes 26.485 y 27.533).
- Que se ordene la preservación y obtención inmediata del registro audiovisual íntegro del programa transmitido en YouTube, así como pericias informáticas sobre las cuentas de redes sociales y sus metadatos.
- Que se determine la eventual responsabilidad, adhesión, instigación o participación de los restantes integrantes del programa, con especial foco en la co-conducción del concejal Maximiliano Rodríguez Paulin.
- Que se tenga al apoderado legal de la Municipalidad de Paraná por parte denunciante y se le informe periódicamente el avance de las actuaciones judiciales.