La hilandería de Reconquista pierde más de $500 millones por mes, la EPE reclama $4.600 millones y 243 familias esperan la carta de despido. Mientras la Justicia ordena apagar las máquinas, hay diez días de plazo para que alguien presente un plan que sostenga la actividad.
El juez Fabián Lorenzini, al frente del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, dispuso que Algodonera Avellaneda detenga su producción de manera gradual y que se extingan los contratos de 243 trabajadores. La resolución abarca la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco), que quedarán bajo custodia a la espera de compradores.
El magistrado resolvió después de que la sindicatura aconsejara interrumpir las tareas: los ingresos de los contratos a fasón no alcanzan para sostener los costos. Las plantas seguirán bajo un régimen de conservación para no perder su valor como unidades productivas.
Los números que explican la decisión
La hilandería factura alrededor de $425 millones por mes, pero sus costos trepan a $1.239 millones. El déficit mensual que maneja la Justicia se ubica entre $565 millones y $815 millones, con el gasto energético como uno de los rubros más pesados.
Encima, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) intimó a la empresa a pagar una deuda que supera los $4.600 millones y amenazó con cortar el suministro si no lo hace.
Lorenzini aclaró que la orden no implica el final de la firma. “La medida que se adopta no es el cierre definitivo de los establecimientos, sino la suspensión gradual y paulatina de sus actividades”, sostuvo.
Qué pasa con la producción y las plantas
El plan prevé completar los procesos que ya están en marcha, bloquear el ingreso de materia prima nueva y seguir el esquema de cierre ordenado que propuso la sindicatura. Después, los predios pasarán a un régimen de conservación y custodia que facilite una futura reactivación por parte de quien los compre.
Diez días para que el fasón presente alternativas
El juez les dio un plazo de diez días corridos a las empresas que operan a fasón y están vinculadas a la sociedad —Sir Cotton SA, Vicentin Saic e Insumos XXI SA, esta última ligada a Facundo Trigueiro— para que acerquen propuestas que permitan sostener la actividad, total o parcialmente.
Según el magistrado, esas firmas “conocen los establecimientos, tienen mercadería en ellos y son los primeros interesados en su funcionamiento”. Las iniciativas deberán garantizar el financiamiento: “Toda propuesta deberá ser concreta y autosuficiente”, exigió. Eso supone cubrir salarios, cargas sociales, energía, insumos, seguros y servicios, sin sumar deuda a la quiebra, con garantías suficientes y sin trabar la venta de los activos.
Cuándo se cortan los contratos
La extinción de los 243 contratos laborales tiene fechas distintas según el caso. El personal que trabajaba en la ciudad de Buenos Aires queda desvinculado con fecha al 14 de octubre de 2026, cuando se declaró la quiebra.
Quienes siguieron trabajando después de esa declaración y no sean asignados a terminar la producción ni a las guardias quedarán desafectados desde la fecha de la resolución. En cambio, los contratos de quienes son necesarios para completar los procesos en curso y cubrir las guardias mínimas finalizarán cuando lo informe la sindicatura.
Los trabajadores podrán reclamar los salarios y las indemnizaciones que quedaron pendientes y acceder a la prestación por desempleo.
La venta, en paralelo
Lorenzini le encomendó a la sindicatura que convoque de inmediato a los inversores registrados que ya mostraron interés en comprar uno o varios establecimientos y activos de la compañía. La idea es avanzar con la venta mientras se cuidan las instalaciones y se evita que seguir operando agrande las pérdidas.