Un vecino denunció una posible contaminación en los terrenos del basural y la planta depuradora de J.V. González. La Fiscalía abrió una mediación y los cuestionamientos apuntan a la intendencia de "Juanilo" Aguirre. Qué se debate en la mesa de diálogo.
La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, abrió una investigación en Joaquín V. González por una posible contaminación ambiental en los terrenos donde funcionan el basural y la planta depuradora de la localidad. La causa nació de una denuncia presentada por un vecino, dueño de esos predios, y puso bajo la lupa el estado de las instalaciones.
El expediente reavivó los cuestionamientos vecinales contra la gestión del intendente Juan Domingo "Juanilo" Aguirre. Desde distintos sectores locales le atribuyen falta de mantenimiento, control y obras en el sector, y sostienen que esa ausencia de intervención municipal habría derivado en el deterioro ambiental que se denuncia.
Abordaje interdisciplinario y mediación
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que, ante la complejidad del conflicto y la necesidad de resguardar el interés general, la salud pública y el medio ambiente, dispuso un abordaje interdisciplinario con profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Además, se abrió una instancia formal de mediación entre las partes.
Según precisaron desde la Fiscalía, el proceso de diálogo quedó a cargo de la mediadora Cintia Alfonsín y se encuentra en una etapa de elaboración y concreción de propuestas para remediar la situación.
Los ejes de la causa
De acuerdo con el parte oficial y los planteos que motivaron el expediente, las medidas adoptadas en Joaquín V. González se centran en tres puntos:
Origen y responsabilidad operativa. La investigación se inició por la presentación judicial del dueño de los predios donde operan el basural y la planta depuradora ante una presunta contaminación. Los vecinos vinculan esa situación con la falta de trabajos sostenidos de saneamiento y mantenimiento por parte de la administración municipal de Aguirre.
Trabajo técnico y mediación. Con el aporte de especialistas del CIF y la conducción de Alfonsín, se busca identificar alternativas técnicas de solución y construir acuerdos de remediación que contemplen los intereses de las partes y el bienestar de la comunidad.
Confidencialidad de las tratativas. Desde la Fiscalía aclararon que el contenido y el alcance de las propuestas que se debaten en la mesa de diálogo se mantienen bajo estricta reserva, en cumplimiento del principio de confidencialidad que rige en los procesos de mediación penal. Hasta el momento no se difundió una postura pública oficial de la intendencia sobre el avance de la causa.
La Fiscalía Penal 1 de Anta aguarda los avances de las negociaciones para definir compromisos concretos de saneamiento ambiental en la zona afectada.