La ley de salud mental cambia las reglas de las internaciones: la advertencia de Humanidades de Uader

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) se pronunció sobre el proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que ya tiene media sanción del Senado. Para la unidad académica, el debate “interpela directamente a las universidades públicas” y a las instituciones que forman profesionales del área.

El texto que salió del Senado con 42 votos a favor y 21 en contra —enviado por el Gobierno nacional— pasó ahora a la Cámara de Diputados. Allí se discutirán los cambios en los criterios de diagnóstico, en las condiciones de internación y externación y en el funcionamiento del sistema de atención.

Qué defiende la facultad

En su posicionamiento, Humanidades recordó que la ley sancionada en 2010 significó “un avance fundamental” al instalar un modelo de atención “integral, interdisciplinario, comunitario y respetuoso de los derechos humanos”, y que reconoció a las personas con padecimientos mentales “como sujetos plenos de derecho”.

Frente a la reforma, la facultad expresó su “preocupación por aquellas modificaciones que podrían debilitar estos principios y producir retrocesos en materia de derechos, autonomía profesional y organización del sistema sanitario”.

El punto que más cuestiona es la incorporación obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios. Humanidades aclaró que reconoce la importancia de la psiquiatría, pero advirtió que esa exigencia “no debe traducirse en una jerarquización de una disciplina sobre las demás, ni en la subordinación de los saberes psicológicos, sociales y comunitarios”.

“Manifestamos nuestra firme oposición a cualquier modificación que restrinja la autonomía de los psicólogos, reduzca su participación en las decisiones clínicas e institucionales, o desvalorice las competencias de los demás profesionales”, sostuvo. Y enumeró: psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicogerontólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y enfermeros, entre otros.

Qué cambia con el proyecto

La iniciativa modifica la denominación de los sujetos alcanzados: la ley vigente habla de personas “con padecimiento mental” y el proyecto pasa a “quienes presenten cualquier tipo de afección o trastorno mental”. Desde el Ministerio de Salud argumentaron que el término actual es demasiado amplio para la práctica clínica y puede generar dudas diagnósticas o demoras en la intervención. Por eso proponen adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento”.

La directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la cartera sanitaria, Liliana González, explicó que uno de los ejes del proyecto es “facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado”.

El detalle de las internaciones

En las internaciones voluntarias se mantiene el derecho del paciente a pedir el alta en cualquier momento, pero se agrega una condición: el equipo de salud podrá impedirlo si considera que la persona tiene alterada su capacidad de juicio y existe riesgo grave para sí o para terceros. En ese supuesto, la internación pasa a ser involuntaria.

Para las involuntarias, el proyecto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. También habilita considerar antecedentes o la evolución futura del paciente para justificar la medida.

Cambia además quién puede firmarlas. La ley vigente exige dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o psiquiatra; el proyecto establece que debe intervenir un médico psiquiatra y permite que, en situaciones excepcionales, un solo médico disponga la internación, con revisión posterior.

El plazo para notificar la internación a la Justicia se amplía de 10 a 24 horas y se habilita una mayor intervención directa de los jueces.

Manicomios y camas

El artículo 28 de la ley actual dispone que las internaciones de salud mental se realicen en hospitales generales, que deben contar con los recursos necesarios. El proyecto lo reemplaza y permite hacerlas también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones con internación especializadas, sean públicos o privados. “De esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención”, sostuvo González.

Además, se elimina la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados.

Los riesgos que advierte Humanidades

Desde una perspectiva de salud pública, la facultad enumeró una serie de riesgos para el tratamiento legislativo. El primero es el mayor predominio del modelo biomédico, con el riesgo de reducir los padecimientos subjetivos a diagnósticos psiquiátricos y respuestas farmacológicas y relegar las intervenciones psicológicas, sociales y comunitarias.

El segundo es la modificación de los criterios de internación involuntaria: la ampliación de las condiciones de riesgo puede incrementar las restricciones a la libertad personal si no se establecen garantías rigurosas de excepcionalidad, proporcionalidad y control.

También advirtió por el debilitamiento de la atención comunitaria, ya que fortalecer instituciones especializadas no debe implicar un retroceso en centros territoriales, hospitales de día, atención ambulatoria y dispositivos de inclusión social. Sumó la mayor desigualdad en el acceso a la salud por falta de recursos humanos y presupuestarios, y el traslado de responsabilidades a las familias en la continuidad de los tratamientos y las externaciones.

Los pedidos a los legisladores

El posicionamiento se apoya en la Constitución Nacional, la Ley 26.657, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (leyes 26.378 y 27.044). Humanidades recordó que el artículo 33 de la ley de salud mental asigna a las universidades la responsabilidad de formar profesionales conforme a los principios de derechos humanos.

En ese marco, la facultad hizo llegar su posición a los legisladores entrerrianos y pidió a la Cámara de Diputados que contemple las observaciones de las universidades públicas, los colegios profesionales, los trabajadores de la salud y las organizaciones de usuarios y familiares. También reclamó financiamiento suficiente para equipos interdisciplinarios, tratamientos ambulatorios, dispositivos territoriales y condiciones laborales dignas.

“El desafío de una política pública de salud mental no debe ser aumentar la capacidad de internar personas, sino fortalecer la capacidad del Estado para prevenir el sufrimiento, acompañar a quienes lo padecen y garantizar su inclusión social”, cerró.