El socialismo tenía los votos que Pullaro necesitaba y le puso condiciones: los artículos más resistidos quedaron afuera. La diputada que reivindicó el acuerdo habló de un texto «mucho mejor» al del Ejecutivo. Qué se cayó y qué quedó.
La Cámara de Diputados de Santa Fe le dio este jueves media sanción al proyecto «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», la iniciativa que el gobernador Maximiliano Pullaro había puesto como prioridad. El resultado: 37 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Ahora el texto pasa al Senado, donde el oficialismo intentará convertirlo en ley.
La aprobación no fue sencilla. La sesión llegó después de cinco meses de tironeos y de una semana en la que el oficialismo no encontraba los consensos. Recién la noche del miércoles, el radicalismo y el socialismo —los dos socios principales de la coalición gobernante— destrabaron sus diferencias.
El precio del acuerdo
El socialismo, con peso decisivo en la Cámara baja, había puesto el grito en el cielo por los artículos que daban más facultades discrecionales a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Sostenía que varias disposiciones vulneraban garantías constitucionales y el debido proceso. Del otro lado, la UCR y el entorno del gobernador defendían la necesidad de darle al Estado más herramientas contra el narcotráfico y la violencia.
El acuerdo se selló sobre la hora. El oficialismo aceptó reescribir los puntos más conflictivos y así el socialismo acompañó la votación en general, aunque con reparos. La diputada Lionella Cattalini reivindicó el resultado y afirmó que el texto final es «mucho mejor de lo que envió el Ejecutivo». También rechazó las presiones que buscaban instalar que quienes se oponían a ciertos artículos estaban «a favor del delito».
Qué se eliminó del proyecto original
El texto que llegó al recinto sufrió recortes importantes respecto de la versión enviada en mayo. Uno de los puntos que quedó afuera fue la creación de las Zonas de Intervención Policial Especial, que permitían a las fuerzas de seguridad hacer controles de acceso, requisas vehiculares y restricciones de circulación sin intervención directa de la Justicia.
También se descartó que la Policía pudiera tomar declaraciones a personas vinculadas a un hecho delictivo sin abogado. En su lugar se mantiene la «declaración informativa» ante el fiscal, pero con una advertencia: lo declarado no podrá usarse como prueba de cargo si el imputado no contó con defensa técnica.
Lo que se mantuvo y generó polémica
Entre los puntos que sobrevivieron y que más discusión generaron está la facultad de realizar allanamientos excepcionales sin orden previa de un juez. Eso sí, se incorporaron controles: ahora se exige la intervención del fiscal y un control judicial posterior dentro de las 24 horas para los casos previstos en los incisos más críticos.
También se aprobó la posibilidad de juzgar a imputados que no se presenten, pero con más garantías procesales: autorización judicial, intervención de un defensor y registro audiovisual del proceso. Se mantiene la facultad de aplicar medidas de aislamiento individual y suspensión de visitas para internos considerados de máxima peligrosidad, con posibilidad de revisión judicial. Y se conserva la herramienta para desalojar, demoler o bloquear propiedades usadas para actividades ilícitas, como los búnkeres de drogas, aunque con instancias de revisión judicial.
Cómo votaron
El tablero político mostró las costuras de la coalición y la posición de la oposición. A favor votaron 37 diputados: el bloque oficialista de Unidos lo hizo en bloque, con la ausencia de Fabián Cejas, y se sumaron aliados como los bloques de Amalia Granata, Somos Vida, Juan José Piedrabuena, Edgardo Porfiri, Omar Paredes y Beatriz Brower.
En el peronismo, la única excepción fue Alejandra Rodenas, que acompañó en general pero votó en contra de algunos artículos particulares. Los 11 votos negativos se repartieron entre 7 del PJ y los 3 del Frente Amplio por la Soberanía (FAS). La diputada Celia Arena (PJ) fundamentó su rechazo: dijo que, si bien el proyecto mejoró, todavía presenta riesgos para los inocentes y el debido proceso, y advirtió que una ley deficiente puede terminar perjudicando a personas que no tienen nada que ver con el delito.
Con la media sanción, el Ejecutivo provincial avanza con una de sus reformas prioritarias en seguridad, aunque el texto final tiene diferencias con el original. La pelota ahora pasa al Senado, donde el oficialismo buscará convertir la media sanción en ley.
