La ley ya rige, pero en Copnaf avisan que no hay quién la aplique: la advertencia de UPCN
Carina Domínguez, de UPCN, viene advirtiendo desde hace más de un mes que el Copnaf no puede afrontar los cambios con la planta que tiene hoy. La ley ya está vigente y en el Presupuesto 2027 aparecen dos obras de ampliación: qué respondió sobre quién atenderá a los chicos que determine la Justicia.
La Ley Nacional N° 27.801 ya está en vigencia y bajó la edad de imputabilidad a 14 años. En ese marco, desde UPCN encendieron una alarma que involucra directamente al trabajo cotidiano del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf): según el sindicato, el organismo no cuenta con el personal necesario para afrontar lo que la norma exige.
"No hay ninguna posibilidad de que este tema sea atendido con la planta actual del organismo", disparó Carina Domínguez, dirigente de UPCN, al exponer la posición del gremio.
Un reclamo que viene de hace tiempo
Domínguez aclaró que la preocupación no es nueva. "Venimos hace más de un mes planteando nuestra preocupación respecto a este tema", recordó, y señaló que el Copnaf es quien está abordando la cuestión.
En esa línea, fue tajante: "No hay que siquiera esbozar la idea de que, con la misma planta de ese organismo, se va a poder atender este tema".
La dirigente describió el contexto de los promotores de derechos, el sector que quedaría en la primera línea frente a los cambios. "Hoy están muy exigidos. Necesitan imperiosamente que se mire su función en el contexto del Copnaf", sostuvo.
Aunque subrayó que "lo salarial es crucial", aclaró que la discusión no se agota ahí: también abarca los derechos laborales de los trabajadores del organismo.
Qué perfil haría falta, según UPCN
Para cumplir con lo que dispone la Ley 27.801, Domínguez consideró que "debería haber un personal específico con un perfil nuevo, una preparación bien pensada, que se encargue de la perspectiva de derechos pero también de la seguridad".
Sin embargo, reconoció que esa definición todavía no existe: "No está definida ni discutida, tampoco tenemos precisiones. Y es un tema que necesitamos hablarlo".
El sindicato, explicó, busca "generar instancias de conocimiento acerca de las medidas que podría llegar a tomar la provincia". Y planteó que las entidades gremiales deberían "participar institucionalmente de este tipo de cuestiones que implican un impacto laboral directo".
En ese sentido, no descartó que en los próximos días se concrete una reunión para conocer los avances y cómo se proyecta la implementación de la ley nacional en Entre Ríos.
Herramientas, obras y la pregunta de fondo
La dirigente hizo referencia a una reunión que autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario mantuvieron con una ONG chilena, con el objetivo de interiorizarse sobre metodologías de trabajo y herramientas para aplicar en la provincia los cambios que propone la normativa nacional.
También mencionó que en el Presupuesto 2027 figuran "dos obras de ampliación relacionadas con este tema, que no sabemos exactamente cuál es la consigna, porque no puede ser simplemente agregar una habitación", cuestionó.
Sobre ese punto, evaluó que "en el caso de que se hiciera una obra, eso no solucionaría la atención de esta situación". Y volvió sobre la inquietud central: "A UPCN lo que más le preocupa es quién se va a hacer cargo de atender a quienes eventualmente determine la justicia".
El cierre de Domínguez dejó planteada la urgencia: "Estamos preocupados, es un tema delicado que debe ser bien organizado, no puede ser improvisado. Hasta ahora, por lo que sabemos, no ha habido casos. Pero no se puede esperar a que sucedan para que el Gobierno recién entonces vea qué hacer".
