La Municipalidad de Concordia despidió a un empleado y ahora la Justicia le exige devolverle el cargo y los sueldos
Un empleado municipal fue dado de baja por decreto y la Justicia acaba de declarar ese despido nulo. La Municipalidad de Concordia no solo deberá reincorporarlo: también tendrá que pagarle los sueldos atrasados con intereses. ¿Qué encontró la Cámara en el accionar del municipio?
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay anuló de forma absoluta el decreto DEM Nº 213/2024, con el que la Municipalidad de Concordia había dejado sin efecto la incorporación a planta permanente de un agente. El fallo no solo ordena reponerlo en su puesto: también obliga a pagarle los haberes que dejó de percibir desde febrero de 2024, con intereses.
La resolución judicial pone en tela de juicio el accionar del municipio, que decidió dar de baja al trabajador por la vía administrativa. Según el tribunal, ese proceder fue ilegítimo.
Por qué la Justicia declaró nulo el decreto
El fallo sostiene que, en el derecho provincial y municipal de Entre Ríos, la administración no puede revocar “por sí y ante sí” un acto administrativo que ya otorgó derechos y adquirió firmeza, incluso si alega supuestas irregularidades en su origen.
Los abogados que patrocinaron al trabajador, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, explicaron que ante cuestionamientos por razones de legitimidad, la Constitución de Entre Ríos (artículo 60º) y la legislación vigente establecen que el Poder Judicial es el único competente para invalidar el acto. Por lo tanto, el municipio debió iniciar una acción judicial de lesividad y no ejecutar la baja de manera directa.
Qué implica la decisión para el empleado
La Cámara concluyó que el decreto derogatorio incurrió en graves vicios de competencia y objeto, al arrogarse facultades reservadas a los jueces y vulnerar la estabilidad de los actos administrativos firmes. En concreto, manda a reponer al trabajador en el cargo y a abonarle los haberes dejados de percibir con una actualización del 8% mensual más la Tasa Activa del Banco Nación desde febrero de 2024 hasta la fecha de efectiva reincorporación.
El pronunciamiento deja asentado un criterio sobre los límites de las potestades revocatorias del Ejecutivo y la plena vigencia de las garantías del debido proceso.
La advertencia de los abogados
Los letrados advirtieron que este fallo podría ser el primero de varios. “Los procesos contenciosos son muy largos, recién empiezan a resolverse demandas del año 2024, pero entendemos que antes de la finalización de esta gestión, la municipalidad tendrá que enfrentar los resultados de una política de ajuste sobre el empleado público totalmente ilegítima y responder con sumas millonarias la improvisación legal del tratamiento de este tema”, expresaron.
