La norma que rige los sumarios en Chaco tiene 26 años: qué cambia para los empleados públicos
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La norma que rige los sumarios en Chaco tiene 26 años: qué cambia para los empleados públicos

La norma que regula los sumarios en la administración provincial arrastra desde 1999 y ahora busca sumar videoconferencias, perspectiva de género y derechos de los pueblos originarios. Hay 30 días para opinar y los empleados del interior son los primeros interesados.

La Asesoría General de Gobierno de Chaco puso sobre la mesa una reforma integral del Reglamento de Sumarios que ordena los procesos disciplinarios de la administración pública provincial, una norma que arrastra desde 1999 y que solo tuvo un retoque en 2003.

El proyecto se presentó este viernes en el auditorio de la Librería ConTexto, con la conducción del asesor general de Gobierno, Federico Valdés, y la participación de docentes de la Facultad de Derecho de la UNNE.

Qué incluye la actualización

El texto incorpora criterios que ya están vigentes en normas nacionales e internacionales: violencia de género, violencia laboral, interculturalidad y derechos de los pueblos originarios.

También suma herramientas tecnológicas y mecanismos para resguardar las pruebas documentales dentro de los expedientes.

Valdés explicó que el objetivo es doble: actualizar el marco legal y recoger la experiencia que el organismo acumuló en el día a día de los sumarios.

Según señaló, las mayores complicaciones aparecen en las notificaciones y en la toma de declaraciones testimoniales. Por eso el proyecto avanza hacia la digitalización de los procesos, con la promesa de más transparencia, agilidad y trazabilidad.

Videoconferencia para el interior

Uno de los cambios más concretos es la incorporación de la videoconferencia para las declaraciones, con su correspondiente registro en acta.

La medida apunta a que los agentes que trabajan en localidades del interior puedan declarar o presentar testigos sin tener que viajar hasta Resistencia.

El proyecto también adecua los procedimientos para garantizar el derecho de defensa de las personas con discapacidad.

“Es una reforma que se adecúa al contexto actual e incorpora las normas nacionales e internacionales vinculadas a los nuevos derechos que se reconocieron con el paso del tiempo. Además, buscamos que sea una elaboración participativa. Por eso no presentamos un decreto definitivo, sino un proyecto abierto a la comunidad”, expresó Valdés.

El funcionario remarcó que el texto “fue elaborado por el equipo de la Asesoría Legal de Gobierno acorde a lo que los tiempos nos exigen”.

Treinta días para aportar

El proyecto no queda cerrado con la presentación. Valdés informó que estará disponible en la página web de la Asesoría General de Gobierno y que se abrirá un plazo de 30 días, hasta el 6 de diciembre, para recibir aportes, observaciones y propuestas.

“Esos aportes nos van a permitir tomar una mejor decisión, incorporar una experiencia cotidiana que no siempre se ve desde una oficina y lograr una mejor normativa. Esperamos arrancar el año que viene con la nueva normativa”, afirmó.

La mirada académica

Luis Eduardo Rey Vázquez, docente de la Facultad de Derecho de la UNNE, puso el acento en el rol del reglamento de sumarios como pieza clave del funcionamiento estatal y del cumplimiento de las responsabilidades de los agentes públicos.

Según explicó, la Administración necesita procedimientos que permitan investigar posibles incumplimientos de los deberes de la función y esclarecer los hechos, sin dejar de lado los derechos y las garantías de los involucrados.

“Para eso se necesita un plantel regido por las normas de empleo público. Cuando un agente se aparta de los deberes propios de la función, existe un procedimiento de investigación que, resguardando sus garantías, permite a la Administración esclarecer los hechos que alteran su buen funcionamiento. Esa herramienta es, precisamente, el reglamento de sumarios”, sostuvo.

Rey Vázquez también valoró la incorporación de nuevas tecnologías: permitirá agilizar los trámites, facilitar el acceso de los empleados públicos del interior y mejorar la conservación de las declaraciones y las pruebas documentales.

Por último, remarcó que la modernización dará a las autoridades de cada dependencia registros más claros y ordenados sobre la situación del personal y los sumarios en curso.

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