La denuncia por una empleada intoxicada parecía un caso aislado. La inspección en la finca de Chalicán encontró protección que nunca se repartió, planillas con nombres de más y una situación migratoria que complica al establecimiento.
Una trabajadora rural de Chalicán debió ser internada con quemaduras en las manos e intoxicación después de que la pusieran a aplicar productos fitosanitarios sin ningún elemento de protección. Ese episodio fue el disparador de una fiscalización conjunta que terminó por exponer un cuadro de informalidad y riesgo sanitario en un establecimiento de tomate, tomate cherry y berenjena.
La inspección se activó por una denuncia urgente tras la internación de la empleada. Lo que encontraron los inspectores en el predio confirmó las sospechas: el personal manipulaba agroquímicos sin las condiciones mínimas de seguridad.
Quiénes encabezaron el operativo
El procedimiento lo lideró Fernanda Solsona, secretaria general de la delegación San Pedro de la Unión de Trabajadores del Campo y Afines (UATRE), acompañada por referentes de las seccionales de Perico y Palpalá.
Del relevamiento participaron además inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), personal de la Secretaría de Trabajo de Jujuy y especialistas en Seguridad e Higiene.
Sin protección y sin registro
Los fiscalizadores constataron que en la finca no se entregaban los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) y que se incumplían los protocolos exigidos para manipular agroquímicos. A eso se sumó el hallazgo de múltiples empleados sin registrar, inconsistencias en los aportes previsionales y la presencia de un trabajador de nacionalidad boliviana en situación documentaria irregular.
Desde la entidad gremial informaron que, mientras se desarrollaba el operativo, un grupo de personas abandonó de manera intempestiva las instalaciones. Los relevamientos posteriores determinaron que esos operarios tampoco estaban declarados en los registros laborales.
Actas y denuncia formal
Ante la gravedad de lo detectado y el estado de vulnerabilidad del personal, los inspectores labraron las actas de infracción correspondientes y presentaron la denuncia ante la Secretaría de Trabajo para que se apliquen las sanciones que prevé la legislación vigente.
