El área de Seguridad se lleva una porción del Presupuesto 2027 y el ministro puso sobre la mesa la obra que, según él, ordenaría todo el sistema penitenciario. Lo que todavía no está resuelto es lo que define si se hace o no.
El ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio Di Nápoli, pasó por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para exponer los números del área dentro del Presupuesto 2027 y dejó una definición fuerte: la construcción de una nueva cárcel sería la principal salida a los problemas de infraestructura penitenciaria de la provincia.
El funcionario concurrió acompañado por su equipo de trabajo y precisó que Seguridad se lleva el 7,8% del total de los recursos provinciales previstos para el próximo ejercicio.
Las obras que están por entrar en funcionamiento
Di Nápoli abrió su exposición con las alcaldías de las Unidades Regionales I y II. Sobre la primera anticipó: “Estamos a un mes prácticamente de entrar en la operación de la alcaldía de la Unidad Regional 1 para alojar nuevos internos”.
Respecto de la segunda, confirmó que “ya se finalizó la ampliación de la alcaldía de la Unidad Regional 2”, que sumará una capacidad de alojamiento importante.
La cárcel que todavía espera fondos
Con ese panorama, el ministro volvió sobre la necesidad de avanzar con una nueva cárcel. Recordó que la obra fue anunciada por el gobernador Sergio Ziliotto, pero aclaró que todavía no llegaron los fondos necesarios para concretarla.
“Va a ser la gran solución”, afirmó Di Nápoli ante los legisladores.
Más equipamiento para la policía
En materia de recursos, el ministro destacó la entrega de trajes estructurales y equipos de respiración autónoma a los efectivos. A eso se suman cámaras GoPro que los agentes usarán durante sus intervenciones: “Es la cámara que cada uno de los policías va a portar”, explicó.
El equipamiento se completará con cámaras para los patrulleros, que podrán activarse en los recorridos y, sobre todo, en determinados procedimientos, con el fin de dejar registro de cada intervención.
“Eso redunda en el juicio. Las pruebas judiciales se adquieren en esas oportunidades”, señaló el funcionario para explicar por qué los registros audiovisuales respaldan las actuaciones policiales.
Cascos, tráileres y una comisión por las condiciones laborales
Di Nápoli también informó la compra de una cantidad considerable de cascos y la adquisición de dos tráileres para trasladar los vehículos secuestrados que quedan en la vía pública. Se trata de “una demanda de larga data”, según sus palabras, y permitirá evitar que los rodados permanezcan durante períodos prolongados en las calles, con los inconvenientes que eso genera para la circulación.
Por último, comunicó que se conformó una comisión para elaborar las condiciones laborales del personal policial.
