La apuesta era sostener las plantas hasta vender la empresa en marcha. Los números de octubre terminaron de romper ese plan: la hilandería procesa 300.000 kilos por mes y, aun así, la energía se come el 63% del costo.
La sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda S.A. (AA) le pidió al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que no autorice la continuidad de la explotación y disponga el cese de la actividad en las tres plantas de la firma: la hilandería del Parque Industrial de Reconquista y las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco). El cierre se concretaría una vez terminada la producción que está en proceso.
El planteo integra el informe previsto en el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras. Lo firmaron los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, y quedó presentado en el expediente del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista. Ahora el magistrado tiene diez días para definir si la empresa sigue funcionando o no.
Los propios síndicos reconocen que el dictamen invierte el criterio que habían fijado al declararse la quiebra, el 14 de octubre. En aquel momento resolvieron la continuidad inmediata de las plantas confiando en que los trabajos para terceros alcanzarían para sostener la operación hasta vender la empresa en marcha. Según el informe, los hechos posteriores frustraron esa expectativa.
Por qué dicen que seguir produciendo no cierra
Hoy la única actividad de la fallida son los contratos de fasón: servicios industriales para terceros en los que el cliente aporta la materia prima y la empresa la procesa a cambio de una tarifa. La hilandería procesa unos 300.000 kilos mensuales para Insumos XXI S.A. y Sir Cotton S.A.
Con el presupuesto de octubre como base, la planta de Reconquista factura alrededor de 424,8 millones de pesos por mes. Los sueldos, cargas sociales, ART, seguros y aguinaldo suman 354,5 millones. Después de pagar salarios quedan apenas 70 millones, insuficientes incluso para los insumos.
El consumo de energía oscila entre 533 y 782,5 millones de pesos mensuales. Sumando insumos (36,8 millones) y mantenimiento, administración, servicios e impuestos (65,6 millones), la hilandería pierde entre 565 y 814,7 millones de pesos por mes, unos 538.800 dólares en el peor escenario. Solo la energía concentra el 63% del costo total.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) intimó el 20 de octubre el pago de más de 4.603 millones de pesos bajo apercibimiento de cortar el suministro, e informó un saldo exigible superior a 9.281 millones. AA no paga ni el consumo eléctrico, que ronda entre 470 y 690 millones por mes.
Frente a quienes sostienen que un corte abrupto perjudicaría a los clientes, a la propia empresa y a los acreedores por posibles daños en los activos, la sindicatura responde que ese riesgo no existe con un cierre preventivo y programado. El informe también menciona inversiones posibles para hacer más eficiente el consumo energético, ya expuestas en audiencias del expediente, aunque la quiebra no está en condiciones de afrontarlas.
Clientes que dijeron no y adelantos que son deuda
La sindicatura les propuso a los comitentes dos caminos: actualizar el precio del fasón para cubrir el costo completo de producción o hacerse cargo de la energía que consumen sus pedidos. Ambas alternativas fueron rechazadas.
En Bandera y General Pinedo el panorama es distinto pero el resultado es el mismo. La campaña de desmote 2026 terminó en octubre y la próxima no arrancará hasta que llegue el algodón de la cosecha 2027. Hasta entonces, esas plantas no generan ingresos propios.
Sus gastos de personal, energía y mantenimiento se venían cubriendo con anticipos de La Nueva Vicentin de Grassi a cuenta del contrato de desmote de la campaña 2027: al menos 345,9 millones de pesos entre octubre y diciembre. Para los síndicos, esos adelantos no son ingresos sino servicios que la quiebra deberá prestar el año próximo o devolver. Es decir, más deuda. A eso se suman facturas de energía impagas y las intimaciones de las distribuidoras de Santiago del Estero y Chaco.
El argumento jurídico: la continuidad también golpea a los trabajadores
Este es el eje central del informe. Todo lo que se adeuda durante la continuidad es “gasto del concurso” y, por ley, se paga antes que los demás créditos, incluidos los de los trabajadores. Por eso, según la sindicatura, una operación deficitaria no preserva el valor de la empresa sino que traslada su costo a los acreedores, “empezando por los propios trabajadores”.
La ley permite continuar la explotación para vender la empresa funcionando a un precio mayor. Los síndicos advierten que esa ventaja solo existe si el mayor precio supera lo que cuesta sostener la operación hasta la venta. Con un déficit cercano a los 800 millones de pesos por mes, no es el caso. El valor de las plantas puede preservarse con un régimen de conservación y custodia a un costo mucho menor.
De todos modos, aclararon que no promueven el desguace. Las tres plantas son unidades industriales integradas que valen mucho más como tales que como galpones, maquinaria ociosa o chatarra, y deben ofrecerse en condiciones de ser reactivadas por un comprador. El régimen de conservación también contempla una eventual reactivación si cambian las condiciones.
La sindicatura afirmó que no desconoce el impacto de la decisión sobre los trabajadores y sus familias, sobre la cadena algodonera y textil regional y sobre las comunidades de Reconquista, Bandera y General Pinedo. Pero sostuvo que ese interés no puede justificar una explotación deficitaria, porque solo trasladaría el costo hacia los demás acreedores y, en primer lugar, hacia los créditos laborales.
Qué pasaría con los 243 trabajadores
Al 14 de octubre había 243 trabajadores afectados a la continuidad: 204 en la hilandería de Reconquista, 21 en la desmotadora de Bandera y 18 en la de General Pinedo. La quiebra suspendió sus contratos por 60 días, un plazo que vence el 13 de diciembre.
La sindicatura le pidió al juez que declare extinguidos los contratos por causa de quiebra, salvo los del personal necesario para terminar la producción en curso y para las guardias. Las remuneraciones por los trabajos realizados desde el 14 de octubre se pagarían con prioridad, como gastos del concurso.
Para que los trabajadores cobren el seguro por desempleo sin demoras, los síndicos registrarán las bajas en ARCA, entregarán las certificaciones de servicios y los certificados de trabajo, y pidieron oficios a ANSES y a las autoridades laborales de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Además habilitaron un formulario en línea para gestionar los pedidos de pronto pago de los créditos laborales.
Guardias mínimas y venta de activos
El cese no implica abandonar las plantas. La sindicatura mantendrá en cada una guardias mínimas para custodia y vigilancia las 24 horas, el mantenimiento de la maquinaria, la prevención de incendios (prioritaria en lugares que almacenan algodón y fibra), la entrega de la mercadería de los clientes y el acceso de tasadores, martilleros e interesados.
También pedirá reducir la potencia eléctrica contratada al mínimo indispensable para la seguridad, porque los cargos fijos de la EPE rondan los 171 millones de pesos por mes aunque la planta esté parada.
La venta de los activos seguirá el procedimiento fijado por el juez en la Resolución 634 del 10 de noviembre. Los inmuebles de CABA y El Colorado, los rodados, la maquinaria en desuso y la chatarra serán los primeros en liquidarse, para que la quiebra cuente con sus primeros fondos.
