Misiones exhibió sus 1.600.000 hectáreas de selva como bandera, pero en el recinto hubo un fuerte reproche: acusan que se dejaron afuera herramientas clave para financiar la conservación. Qué reclamaron y qué dice la ley que acaba de aprobar el Senado.
La Argentina dio un paso clave para monetizar su naturaleza: el Senado aprobó con 60 votos a favor y solo 2 en contra la media sanción que crea el marco legal del mercado de carbono y los activos financieros ambientales. La norma, que surgió de la fusión de tres proyectos, apunta a que los créditos generados en el país puedan venderse en mercados internacionales regulados, con un potencial de ingresos de exportación que podría llegar a 3.900 millones de dólares.
Tres proyectos, una sola ley
El texto aprobado es el resultado del trabajo conjunto sobre tres iniciativas. La primera, de la senadora salteña Flavia Royón, establece el marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono. La segunda, impulsada por los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, fija presupuestos mínimos de protección ambiental e incorpora la vinculación con el mercado de capitales. La tercera, del senador Jorge Capitanich, regula la emisión y el desarrollo de Activos Financieros Ambientales.
La senadora neuquina Nadia Márquez fue la encargada de detallar el trabajo en plenarios de tres comisiones, que contaron con 25 expositores, antes de ceder la palabra a los autores de los proyectos.
Qué es el mercado de carbono y qué no hace esta ley
Royón explicó que el mercado de carbono es “un mecanismo que permite asignarle un valor económico a una reducción o remoción de gases de efecto invernadero”. Aclaró que los mercados voluntarios seguirán operando sin regulación y que esta ley tampoco intervendrá en ellos.
“No crea un mercado de cumplimiento obligatorio en nuestro país, ni interviene en los mercados voluntarios. Sí permite que los créditos de carbono que se generan en nuestro país puedan ser comercializados en los mercados regulados internacionales o en aquellos mecanismos como el artículo 6 de París o los mercados de CORSIA”, precisó la senadora. Esos mercados exigen una autorización del país de origen y, según Royón, los bonos valen mucho más.
El punto central de la regulación es evitar la doble contabilización: una misma tonelada de dióxido de carbono no puede computarse dos veces. Para lograrlo, se requiere una autorización previa del Estado y un ajuste en la contabilidad de los resultados de mitigación que se usan para la contribución determinada a nivel nacional.
“La contribución del Estado se concentra en este punto: cuando puede verse afectada la contabilidad climática nacional y cuando el otorgamiento de ese ajuste constituye una condición necesaria para acceder a esos mercados”, subrayó Royón. Y agregó: “Si nosotros conseguimos avanzar con esta ley y tener un marco regulatorio para poder hacer las autorizaciones y ajustes correspondientes para poder participar de estos mercados regulados, estos mismos créditos podrían generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares para nuestro país. Es decir, son exportaciones”.
Misiones, el ejemplo que se sentó en el recinto
La senadora misionera Sonia Rojas Decut tomó la palabra para mostrar el caso de la provincia. “1.600.000 hectáreas de selva paranaense en pie; árboles que conservan agua, que protegen nuestros suelos, que albergan el 52% de la biodiversidad argentina y que sostienen comunidades, familias y actividades productivas”, enumeró.
“Esta selva no está en pie por casualidad. Está en pie porque Misiones decidió, con una política pública, demostrar que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar juntos -agregó-. Y hoy estamos acá para reconocer el valor económico de conservar y para convertirlo en oportunidades para todos los argentinos”.
Rojas Decut sostuvo que la ley “puede definir cómo se integra la Argentina a los mercados internacionales de carbono. Un mercado en donde conservar bosques y reducir emisiones, puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias argentinas, para las empresas argentinas y para los productores argentinos”.
La legisladora del Movimiento por Misiones remarcó que la provincia “creó el primer programa jurisdiccional forestal liderado por un gobierno subnacional en el mundo. Por eso Misiones es líder en acción climática”. Y pidió una ley que respete las competencias provinciales y los derechos de los particulares.
El reclamo de Capitanich
Jorge Capitanich fue el último de los autores en intervenir. El senador chaqueño del bloque Justicialista leyó datos de un informe internacional y anticipó que acompañarían el dictamen de mayoría, aunque manifestó su “desazón” porque no se escucharon las propuestas de su espacio.
“Acá se argumenta que las autoridades de no sé quién, ni de dónde. Porque acá el secretario del área, Daniel Scioli, nunca apareció, no entiendo por qué se excluyen los servicios ecosistémicos ambientales”, disparó. Capitanich dijo estar de acuerdo con la reglamentación del mercado de carbono, pero cuestionó que el texto deje afuera instrumentos como los canjes de deuda por naturaleza o los créditos de carbono por biodiversidad.
“Lo que quiero transmitir es que efectivamente los servicios ecosistémicos ambientales son complementarios de los mercados de carbono y de la multiplicidad de instrumentos financieros para proteger la biodiversidad y para generar un mecanismo de asignación de recursos”, expresó.
Los puntos salientes de la norma
El proyecto aprobado crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública donde deberán inscribirse todos los proyectos de carbono del país. También reconoce a los créditos de carbono como bienes con entidad jurídica propia y habilita a las provincias a desarrollar programas jurisdiccionales de mitigación, respetando su dominio sobre los recursos naturales.
Entre otros beneficios, la ley exime de derechos de exportación a las transferencias internacionales de créditos de carbono, otorga estabilidad fiscal por diez años a los proyectos registrados y permite crear instrumentos financieros respaldados por estos activos ambientales. Además, contempla la intervención de la Comisión Nacional de Valores para regular la oferta pública de instrumentos vinculados a créditos de carbono.
El texto también fija las condiciones para que los créditos argentinos se usen en los mecanismos del Acuerdo de París y establece que las transferencias internacionales que impliquen que otro país contabilice esas reducciones deberán contar con autorización estatal y el correspondiente ajuste en el inventario nacional de gases de efecto invernadero.
