La UNR rompió 53 años de silencio con un reconocimiento que expone al Estado

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) y su Facultad de Bioquímica distinguieron de manera póstuma a Constantino Razzetti, graduado, doctor y profesor de esa casa de estudios, asesinado por un comando de la Triple A el 14 de octubre de 1973 en Rosario. El reconocimiento fue celebrado por su hijo, Carlos Razzetti, quien en diálogo con La Capital lo definió como un hecho que "rompe 53 años de silencio" y convalida oficialmente la existencia del magnicidio y la persecución.

"Es muy importante porque que lo distingan a 53 años de su asesinato significa que una de las agencias del propio Estado rompe el silencio y convalida oficialmente la existencia del magnicidio, y la persecución", sostuvo Razzetti, quien también fue detenido y torturado en el Pozo de la ex Jefatura de Policía y cesanteado de la Municipalidad durante la dictadura.

En esa línea, consideró que el acto "funciona como un reconocimiento tardío de la verdad histórica" y remarcó que se trató de un crimen de lesa humanidad, "destruyendo cualquier argumento de prescripción o duda sobre el hecho".

La causa judicial y la denuncia internacional

Consultado sobre la situación de la causa penal, Razzetti explicó que atraviesa "una etapa de definiciones penales clave" y destacó el dictamen del fiscal federal Adolfo Villate, quien formalizó los pedidos de detención e indagatoria contra civiles y miembros de las fuerzas que operaron como brazo ejecutor de la Triple A en la región. Sin embargo, denunció un "bloqueo político administrativo" que impide la reparación patrimonial de las víctimas.

"Aunque la vía penal avanza impulsada por el Ministerio Público Fiscal, el entramado político y financiero local persiste en bloquear la reparación patrimonial de las víctimas aplicando exacciones ilegales en lugar de cumplir con las mandas de restitución", afirmó.

Además, Razzetti reveló que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ante "la falta de justicia y la asfixia económica". Presentó una medida cautelar urgente por riesgo de subsistencia debido al agravamiento de su salud —sufrió cuatro infartos y bypasses— y a la exacción ilegal del 80 por ciento de sus haberes. La medida busca ordenar al Estado el cese inmediato del despojo financiero mientras se dicta la sentencia definitiva de fondo, que reclama 60 millones de dólares.

"Si la Comisión Interamericana actúa como debe y cumple con su función, el dictamen sobre la causa de mi padre y mía debería salir este año, si no se parecerá al juzgado de Bailaque", sentenció, en referencia al exjuez federal Marcelo Bailaque.

Impunidad estructural

Razzetti atribuyó la falta de condenas a los responsables del crimen de su padre a la "impunidad biológica y estructural" del aparato judicial argentino. "El Estado ha permitido que impere la impunidad biológica, donde los perpetradores fallecen o envejecen sin enfrentar sentencia, perpetuando el daño sobre las víctimas", explicó.

En cuanto a la responsabilidad internacional del Estado, sostuvo que "incumplió la obligación de investigar" y que "la ausencia de condena a casi 53 años expone la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplir sus tratados de derechos humanos".