Le robaron 288 mil pesos a un jubilado y la Justicia tomó una decisión inesperada con la acusada
Un jubilado retiró la plata de la jubilación de su esposa y terminó sin nada en segundos frente al banco. La acusada quedó detenida, pero lo que resolvió la Justicia sobre su salud mental cambia por completo el rumbo del caso: no es lo que la mayoría imagina.
El fiscal de Instrucción y Correccional y de Menores de Puerto Rico, Héctor Daniel Simon, concluyó que la mujer de 33 años acusada de sustraerle 288 mil pesos a un jubilado frente a una sucursal del Banco Nación no habría podido comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones en el momento del hecho. Por eso la ubicó dentro de la causal de inimputabilidad que prevé el Código Penal, según indicaron fuentes del caso.
En el mismo dictamen, el representante del Ministerio Público reclamó que la imputada sea sacada de la Comisaría Segunda de Puerto Rico y trasladada a un centro de salud mental, donde debería recibir tratamiento especializado e interdisciplinario, con controles periódicos de su evolución.
La decisión sobre ese pedido quedó en manos del juez de Instrucción 1 de esa localidad, Leonardo Manuel Balanda Gómez.
Qué determinó la junta médica
El dictamen del fiscal se apoyó en las conclusiones de una junta psiquiátrica del Cuerpo Médico Forense, integrada por un psiquiatra, una médica de tribunales y una psicóloga.
Los profesionales consignaron que la mujer tiene antecedentes de esquizofrenia diagnosticada en la adolescencia, que no sostuvo el tratamiento farmacológico en el tiempo y que consume alcohol y distintas sustancias psicoactivas.
Durante la evaluación realizada días atrás, los especialistas registraron “alteraciones en el curso del pensamiento, ideas delirantes de contenido religioso y persecutorio, alucinaciones auditivas y una desviación del juicio de realidad”, según quedó asentado en la resolución.
También marcaron “una disminución de la esfera volitiva y una conciencia parcial de su enfermedad”. A partir de ese cuadro, la junta concluyó que “la mujer presenta indicadores de riesgo para sí misma y para terceros, por lo que recomendó su internación en una institución de salud mental”.
El informe sumó que el abordaje debe contemplar “el padecimiento psíquico, el consumo problemático de sustancias y su situación de vulnerabilidad social”.
Cómo fue el robo que se le imputa
La causa se abrió el jueves 17 de septiembre de 2026, cerca de las 6.45, frente a la sucursal del Banco Nación de la avenida San Martín y la calle Paraguay, en Puerto Rico.
Según la imputación, un hombre de 77 años acababa de extraer 288 mil pesos de un cajero automático, plata que correspondía a la jubilación de su esposa. En ese momento una mujer se le acercó por la espalda y le sacó el dinero del bolsillo derecho de la campera. Además se llevó una tarjeta de débito de la pareja del denunciante y los comprobantes de la extracción.
Después huyó corriendo por la calle Paraguay rumbo al barrio Municipal. Un vendedor ambulante que vio la escena identificó a la presunta autora.
Ese testigo declaró que minutos antes la había visto merodear frente al banco mientras pedía cigarrillos y dinero a la gente que pasaba por el lugar. En la investigación también prestó declaración un hombre que recibió de la mujer un billete de 20 mil pesos y que luego lo devolvió a la Policía.
Otro testigo contó que la mujer llegó esa misma mañana a su domicilio en un estado de exaltación y le pidió que la acompañara hasta una carpa levantada en una zona de monte, porque la imputada vive en situación de calle.
La sospechosa fue indagada el 22 de septiembre y, tras recibir el asesoramiento de su defensor oficial, se negó a declarar.
El alcance del dictamen
Para el fiscal hay elementos suficientes para tener por acreditados, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, tanto el hecho como la participación que se le atribuye a la acusada.
Sin embargo, sostuvo que “su estado psíquico le habría impedido comprender la criminalidad de la conducta o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión”.
Por eso invocó el artículo 34, inciso 1, del Código Penal, que prevé la inimputabilidad cuando una alteración de las facultades mentales impide entender la criminalidad del acto o dirigir las acciones.
Simon remarcó además que la permanencia de la mujer en una dependencia policial no es un ámbito adecuado para su situación y pidió que el traslado se concrete cuanto antes. Para eso solicitó que intervenga el juzgado con competencia en materia de familia y controle la internación, de acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
