Llevan 50 años buscando a dos bebés nacidos en cautiverio: la Justicia ahora deberá escucharlos
Ricardo y Estela llevan medio siglo buscando a dos sobrinos que habrían nacido en cautiverio durante la dictadura. La Justicia había rechazado su pedido sin escucharlos. Ahora, Casación ordenó una audiencia urgente: qué pasará cuando por fin puedan hablar.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso que los familiares esperaban desde hace medio siglo: la Sala IV revocó el rechazo de un hábeas corpus y ordenó que se convoque, con urgencia, una audiencia para escuchar a quienes buscan a dos niños que habrían nacido durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura militar.
El fallo, firmado este jueves por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dejó sin efecto la decisión del Juzgado Federal N° 10, que había rechazado in limine la presentación y derivado las actuaciones a otras causas por delitos de lesa humanidad.
El recurso lo habían presentado Ricardo Sergio Baravalle y Estela Gualdero, dos familiares que no solo reclaman saber qué pasó con sus parientes desaparecidos, sino también encontrar a dos sobrinos que habrían nacido en cautiverio y cuya identidad podría haber sido sustituida.
Los dos casos que motorizan la búsqueda
El planteo abarca dos historias paralelas. La primera es la de Ana María Baravalle y su pareja, Julio César Galizzi, secuestrados el 27 de agosto de 1976, cuando ella estaba embarazada de cinco meses. La pareja habría tenido un hijo o una hija durante el cautiverio, cuya identidad se desconoce y que es buscado bajo los nombres de Camila o Ernesto Galizzi Baravalle.
La segunda es la de María del Carmen Gualdero, desaparecida el 7 de junio de 1976 cuando cursaba un embarazo de ocho meses y medio. También se busca a su hijo o hija, nacido durante el cautiverio.
Por qué el hábeas corpus era la vía correcta
Los denunciantes habían cuestionado que las causas penales ya en trámite no tenían como objetivo específico localizar a los dos nietos nacidos en cautiverio. Y remarcaron que, pese a haber pedido expresamente una audiencia, el juzgado rechazó el planteo sin escucharlos.
El juez Hornos sostuvo que el hábeas corpus es la herramienta constitucional para reclamar respuestas frente a desapariciones forzadas. “La acción constitucional de hábeas corpus es el instrumento jurídico idóneo para garantizar el derecho de los accionantes a obtener la información que reclaman por parte de las autoridades públicas”, afirmó en el fallo.
El magistrado también marcó que la existencia de investigaciones penales por los crímenes de la dictadura no impide tramitar esta acción, porque los objetivos son distintos: en las causas penales se investiga la responsabilidad de los autores y partícipes, mientras que el hábeas corpus apunta a que los familiares puedan conocer el paradero de las víctimas y recuperar su identidad.
En ese sentido, Hornos rechazó el argumento de que la acción había perdido actualidad por referirse a hechos ocurridos cinco décadas atrás. “No resulta jurídicamente admisible sostener que la acción carece de actualidad por vincularse con sucesos ocurridos cinco décadas atrás”, advirtió. Y explicó que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente mientras no se conozca el destino o paradero cierto de la víctima.
Para el juez, la situación adquiere una dimensión particular cuando se trata de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, porque la eventual sustitución de identidad y filiación constituye una restricción que sigue vigente. “La posible privación de su identidad y sustitución de su filiación importan una restricción ininterrumpida de su libertad que mantiene plena y estricta actualidad”, sostuvo.
Hornos también cuestionó que los familiares fueran derivados a expedientes penales sin que eso garantizara una respuesta concreta sobre la búsqueda de los niños. Incluso destacó que María del Carmen Gualdero ni siquiera había sido incluida entre las víctimas de la sentencia condenatoria dictada en una de las causas a las que se remitieron las actuaciones.
El derecho a ser escuchados
El juez Borinsky coincidió en que el rechazo fue prematuro y puso el foco en una cuestión procesal: la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley de hábeas corpus nunca se había realizado.
Para el magistrado, frente a una denuncia que involucra desapariciones forzadas, el juzgado debía cumplir con el procedimiento establecido por la ley antes de tomar una decisión. Al omitir esa instancia, “la decisión privó a los accionantes de la oportunidad de ser oídos y de fundar la prueba que consideran conducente para establecer el paradero de sus familiares”, advirtió.
Los tres integrantes de la Sala IV coincidieron en hacer lugar al recurso, revocar las resoluciones anteriores y devolver el expediente al juzgado de origen.
Qué ordena la resolución
La orden incluye convocar con carácter urgente a la audiencia oral, con la presencia de los familiares y la intervención del Ministerio Público Fiscal. Además, el juez deberá prestar especial atención a las medidas de prueba ofrecidas para determinar el paradero de los desaparecidos y avanzar en la búsqueda de los dos hijos nacidos en cautiverio.
La decisión no implica que Casación haya determinado dónde están los nietos ni que haya ordenado directamente la realización de estudios genéticos masivos, como reclamaban los familiares. Lo que resolvió es que su búsqueda debe ser tratada mediante el procedimiento constitucional del hábeas corpus, sin clausurar el reclamo de manera anticipada.
