Lo que UPCN advirtió en el Senado: la letra chica que dejaría afuera a la Legislatura
Más de 24 años de concesión y una firma que no pasa por la Legislatura: el cálculo que UPCN puso sobre la mesa del Senado y que el oficialismo todavía no respondió. Qué dice la dirigente sobre el artículo que quieren retocar.
UPCN llevó sus reparos a la Comisión de Obras Públicas del Senado entrerriano y puso el foco en un punto que, según la dirigente Maricel Molina, el proyecto de reforma de la Ley de Concesiones deja demasiado abierto. El sindicato sostiene que la iniciativa oficialista, que ya tiene media sanción de Diputados, habilita concesionar funciones vinculadas a derechos fundamentales y que la condición que pone el texto no alcanza para frenarlo.
La reunión se realizó este miércoles en la Cámara alta. Allí la organización gremial planteó sus dudas sobre los alcances de la reforma que impulsa el Gobierno provincial y sobre el impacto que podría tener tanto en los derechos de los ciudadanos como en la estabilidad de los empleados públicos.
El proyecto apunta a retocar el artículo 5° de la Ley N° 11.280, la norma que regula el Régimen General de Concesiones de Obras, Infraestructuras Públicas y Servicios Públicos.
La regla que se quiere cambiar
Molina fue la encargada de exponer la postura de UPCN y fue directa: a su entender, la modificación "no es una corrección técnica, sino que es dar vuelta la regla". La dirigente recordó que la normativa actual impide entregar en concesión ciertas funciones del Estado ligadas a derechos fundamentales.
"Hoy la ley 11.280 dice que salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario no se concesionan nunca. Y para nosotros eso está bien, porque no estamos hablando de servicios, sino de derechos y garantías constitucionales", afirmó ante los legisladores.
El texto en discusión permitiría concesionar esas áreas siempre que la titularidad y las facultades de regulación y fiscalización sigan en manos del Estado. Para el sindicato, ese resguardo no es suficiente.
"Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho", sostuvo Molina. Y completó: "Acá lo que estamos concesionando es la gestión. Eso implica, entre otras cosas, concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos".
Los plazos y el rol de la Legislatura
Otro eje del cuestionamiento sindical pasó por la extensión de las concesiones y por la chance de que ciertas decisiones se tomen sin que pase por la Legislatura provincial.
"La concesión se daría a más de 25 años. Pero pensar en una política pública implica tener un Estado inteligente, que es aquel que puede planificar a 25 años sus políticas públicas", planteó Molina, que alertó sobre la delegación de responsabilidades estatales.
El punto que más incomodó a la dirigente fue el del control legislativo. "Podemos concesionar un servicio, un derecho, por 24 años, 11 meses y 26 días sin que la Legislatura, la representación del pueblo, tenga intervención. Eso es muy grave", advirtió.
El pedido de pruebas sobre la "eficiencia" privada
Durante su exposición, Molina también apuntó contra el argumento que muestra al sector privado como una alternativa más eficiente para administrar funciones públicas.
"¿Es más eficiente el privado?, ¿por qué?, ¿cuáles son las categorías, los índices que se están tomando para decir que el Estado es ineficiente? Muéstrennos eso", reclamó. En la misma línea, señaló que los conceptos de eficiencia y eficacia se usaron históricamente para justificar cambios en las instituciones públicas.
La representante de UPCN insistió en que hay que separar los servicios de los derechos constitucionales antes de dar un paso más con la reforma. Como cierre, pidió que se difundan las implicancias técnicas, legales y económicas del proyecto y que el debate legislativo sea amplio.
"Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas", concluyó.
