Los dólares del colchón ahora entran más fácil a una escritura, pero el escribano todavía pregunta algo clave
La UIF aflojó criterios para evaluar el origen de los fondos en las compras de inmuebles y los dólares sin comprobantes ya no pesan igual. Pero el escribano todavía tiene una obligación que puede complicar la firma.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una resolución que afloja parte de los criterios con los que se evalúa de dónde salen los fondos cuando se compra un inmueble. El objetivo: destrabar el uso de ahorros guardados fuera del sistema financiero, esos dólares que muchos argentinos tienen sin declarar y sin comprobantes de cuándo los juntaron.
La medida llega después de que en octubre se reglamentara la Ley de Inocencia Fiscal II (27.826), que a su vez modificó el régimen anterior de Inocencia Fiscal I (27.799). Faltaba una pieza: la norma que definiera cómo debían moverse los escribanos y otros sujetos obligados frente a alguien que quisiera volcar esos ahorros en una operación inmobiliaria.
La ley le había puesto a la UIF un plazo de 15 días hábiles para dictar esa reglamentación, con vencimiento el 2 de noviembre. El organismo publicó su resolución dentro de ese plazo. Flexibilizó algunos criterios, sí, pero no borró las obligaciones de control que recaen sobre los escribanos.
Qué cambió y qué no, según un especialista
“Cambió algo, pero no mucho”, resume Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. Para el especialista, los escribanos ahora tienen un margen de valoración un poco más amplio, aunque siguen obligados a analizar y dejar documentado el origen de los fondos, igual que antes.
El punto de partida no se tocó: cuando la operación supera los 700 salarios mínimos, el escribano está obligado a revisar de dónde viene el dinero. Lo que cambió es cómo pondera al cliente. La resolución manda a tomar su adhesión al régimen simplificado como un antecedente favorable y como atenuante de riesgo.
Para que ese tratamiento aplique, según Domínguez, tienen que darse tres condiciones: que el escribano pueda verificar que el contribuyente está adherido y vigente en el régimen; que la operación se encauce según el artículo 40 bis de la Ley 27.799, incorporado por Inocencia Fiscal II; y que no aparezca ninguna de las causales de exclusión previstas en la normativa.
Estar adherido, de todos modos, no equivale a un visto bueno automático. El escribano sigue evaluando el perfil del cliente, las características de la compraventa y los indicadores de riesgo que puedan aparecer.
Distinto es el caso de una escritura por un monto menor a los 700 salarios mínimos vitales: ahí el escribano no es sujeto obligado, la operación puede hacerse en efectivo y no hay que pedir origen de fondos.
El efectivo y la falta de comprobantes pesan menos
Otro de los cambios con más impacto práctico tiene que ver con la plata que nunca pasó por un banco. Para los contribuyentes que cumplen las condiciones del tratamiento favorable, usar efectivo o no tener documentación sobre cómo se compraron esos dólares ya no alcanza por sí solo para calificar la operación como sospechosa.
El punto importa para quienes guardaron ahorros durante años y hoy no pueden mostrar un comprobante de cada compra. Antes, esa ausencia de papeles podía inclinar la balanza hacia el lado del riesgo; con la nueva resolución, pasa a ser un elemento más dentro del análisis y no un determinante por sí mismo.
La exención total que casi nunca entra en juego
Existe un régimen de exención completa de justificar ingresos, la Debida Diligencia Simplificada Especial, pero en la práctica no sirve para las escrituras. El motivo es simple: ese régimen tiene un tope anual de aproximadamente $100 millones, y una escritura típica que supera los 700 salarios mínimos ya excede ese monto.
Por eso, en operaciones inmobiliarias de cierto volumen solo rige el beneficio del antecedente favorable. El origen de los fondos se sigue analizando igual.
El reporte de sospecha no desaparece
La resolución tampoco elimina la obligación de presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF cuando haya indicios que lo justifiquen. Eso incluye operaciones con señales de posible ilicitud o maniobras de fraccionamiento pensadas para esquivar los controles.
Dicho de otro modo: estar en el régimen simplificado no deja una compra inmobiliaria fuera del radar antilavado.
Por qué la flexibilización tiene techo
Los fundamentos de la resolución apoyan toda la apertura en los estándares del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fija las reglas globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF cita en particular un informe de esa entidad publicado en septiembre de 2026 sobre lavado de dinero profesional, banca subterránea y el uso de sistemas informales como el hawala.
Ese documento subraya la necesidad de impulsar la inclusión financiera con medidas proporcionales y basadas en riesgos, que separen la actividad económica legítima de la que se mezcla con el crimen. La lógica: si los controles son excesivos o indiscriminados, los usuarios terminan corriendo hacia circuitos no regulados, y el sistema pierde capacidad de detectar lo ilícito en lugar de ganarla.
El límite está a la vista. Según advierte Domínguez, una flexibilización demasiado amplia por parte de la UIF “podría incluir al país en la denominada ‘lista gris’, lo que afectaría su acceso a los mercados capitales internacionales”.
