Los Sauces: la UIF puso la lupa en tres ciudades de Santa Cruz y el 88% de la facturación

La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el juicio oral por Hotesur y Los Sauces, afirmó que el 88% de la facturación de la inmobiliaria de la familia Kirchner entre 2009 y 2016 provino de empresas vinculadas a Lázaro Báez, el Grupo Indalo y la firma Idea. El planteo incluyó operaciones con propiedades en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltón y deberá ser examinado a lo largo del proceso.

Según la acusación leída en el debate, la facturación de Los Sauces S.A. se nutrió de firmas ligadas a los grupos empresarios de Báez y Cristóbal López, además de la gerenciadora Idea.

El detalle de los ingresos que citó el organismo: $6.851.650 de empresas de Báez, $18.554.725 del Grupo Indalo y $561.665 de Idea. En conjunto rondaron los $25,9 millones, el porcentaje señalado sobre el total facturado por la inmobiliaria.

Para la UIF, esos pagos integraron un mecanismo para dar apariencia legítima a fondos que, según la acusación, provenían de hechos de corrupción vinculados a la obra pública y a beneficios otorgados a grupos empresarios.

Las propiedades santacruceñas bajo la lupa

La presentación de la querella describió distintas operaciones inmobiliarias de Los Sauces en Santa Cruz, el punto de mayor interés para la provincia.

Uno de los inmuebles es el de Alvear 391, en Río Gallegos. Según la reconstrucción de la UIF, Cristina Fernández de Kirchner transfirió ese terreno a la sociedad en noviembre de 2008, mientras la constructora Loscalzo y Del Curto, vinculada a Báez, levantaba allí un complejo de cuatro departamentos que luego habría sido alquilado a Kank y Costilla, firma del mismo grupo.

La acusación también mencionó la vivienda de Mascarello 441, en Río Gallegos, que según la UIF habría sido usada como residencia personal de la expresidenta sin que se pagara alquiler ni contraprestación a la sociedad propietaria.

Otro terreno, de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos, habría sido transferido por Austral Construcciones a Los Sauces en una operación que la querella calificó de simulada: la compraventa se habría documentado por 97.000 dólares, aunque la transferencia habría sido gratuita.

En El Calafate, la sociedad adquirió a la Municipalidad un terreno de 18.153 metros cuadrados por $136.149. La UIF sostuvo que ese valor estaba por debajo de la tasación oficial de la época, que ubicaba el inmueble en $445.000.

La lista se extendió al terreno contiguo al hotel Los Sauces Casa Patagónica y al Hotel La Aldea, en El Chaltén. Este último fue adquirido por $200.000 cuando su valor de mercado habría sido de $2.890.000, y luego fue alquilado sucesivamente a las firmas Valle Mitre e Idea.

Los roles que la querella les atribuyó a Cristina y Máximo Kirchner

La UIF ubicó a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita que, según la hipótesis acusatoria, habría operado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. En particular, le atribuyó haber planificado y coordinado entre 2009 y 2016 un esquema de lavado de activos a través de la inmobiliaria.

A Máximo Kirchner le asignó el rol de organizador. Según el organismo, el diputado nacional intervino en la administración de Los Sauces, en la firma de contratos de alquiler y en operaciones de compra y transferencia de inmuebles.

La querella también sostuvo que el legislador participó en la recepción y el depósito de cheques emitidos por empresas de los grupos Báez e Indalo.

Florencia Kirchner, mencionada en la investigación, no integra el grupo de personas juzgadas en este tramo: fue sobreseída por la Cámara Federal de Casación Penal, según consignó la presentación difundida.

Cómo sigue el debate

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5. Comenzó el 23 de octubre de 2026 con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal en el expediente Los Sauces y continuó con la exposición de la acusación de la UIF.

La acusación de la fiscalía y la presentación de la UIF son intervenciones distintas dentro del proceso. Terminada la lectura de los planteos de Los Sauces, el tribunal deberá avanzar con la exposición de Hotesur y luego con las etapas previstas para las declaraciones de los acusados.

El proceso deberá determinar si existieron los delitos atribuidos y qué responsabilidad le corresponde a cada imputado. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.

La causa vuelve a poner bajo análisis judicial operaciones inmobiliarias y comerciales en Santa Cruz, con propiedades y empresas de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén mencionadas en la acusación. (Fuente: El Diario Nuevo Día)