Malvinas: Argentina reclamó en Hamburgo frenar el petróleo británico y reveló un dato que complica a Londres
La Argentina expuso en Hamburgo su pedido para frenar el petróleo británico en Malvinas y advirtió que un derrame podría llegar a aguas no disputadas en solo 30 días. El Reino Unido pide rechazar todo. ¿Qué decidirá el Tribunal?
La Argentina presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, su solicitud para que se suspenda la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. En la primera jornada de audiencias, la delegación nacional desplegó dos argumentos principales: que el Reino Unido no puede disponer unilateralmente de los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa, y que la extracción de hidrocarburos generaría un daño que ninguna sentencia posterior podría reparar.
El embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, fue el encargado de abrir la exposición y de cerrarla con las conclusiones. En su intervención, advirtió sobre el carácter irreversible de la actividad: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo al explicar la urgencia de que se adopten medidas provisionales.
La frase resume uno de los ejes de la estrategia argentina: evitar que el avance del proyecto Sea Lion consolide un hecho consumado antes de que el arbitraje internacional pueda tratar el fondo de la controversia. La iniciativa, impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, prevé una explotación de largo plazo con 23 pozos de producción y nuevas etapas proyectadas.
Los argumentos que llevó la Argentina
La presentación argentina no se agota en la disputa por la soberanía. También busca preservar los derechos sobre los recursos de la plataforma continental y prevenir daños al medio marino. En ese sentido, la delegación advirtió que el propio plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. Ante ese escenario, el país podría verse obligado a coordinar una respuesta y afrontar las consecuencias ambientales de una actividad que no autorizó.
El vínculo entre la explotación petrolera y la disputa de soberanía fue otro de los puntos centrales. La Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en discusión y cuyo proceso de descolonización sigue pendiente. La delegación recordó que las Naciones Unidas reconocen la controversia desde 1965, a partir de la Resolución 2065 de la Asamblea General, que instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. También invocó la Resolución 31/49, de 1976, que exhorta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras se desarrolla el proceso recomendado por el organismo.
La posición argentina es que Londres no puede negarse a negociar la soberanía y, al mismo tiempo, avanzar sobre la explotación de los recursos del área en disputa. El Gobierno recordó que rechazó sistemáticamente las licencias y decisiones británicas vinculadas con la actividad hidrocarburífera y que, en agosto de este año, reiteró su disposición al diálogo, una convocatoria que fue desestimada por el Reino Unido.
El segundo eje fue el carácter irreversible de la extracción. Para la delegación, el petróleo es un recurso no renovable: una vez extraído, no existe una sentencia posterior que pueda devolverlo al subsuelo ni restituir la situación previa. Por eso, la Argentina sostiene que esperar a una resolución del arbitraje sin medidas cautelares podría dejar sin efecto práctico la protección de los derechos que busca preservar.
A ese argumento se sumó la dimensión ambiental. La delegación advirtió sobre los riesgos de un eventual derrame y señaló que, de acuerdo con el plan de contingencia presentado por una de las compañías, el hidrocarburo podría alcanzar aguas argentinas no disputadas en un período de 30 días. La preocupación es que el país deba intervenir ante una emergencia ambiental derivada de una explotación que considera ilegítima y sobre la que no tiene capacidad de autorización ni control.
Según detallaron desde la delegación nacional, la solicitud de medidas provisionales apunta precisamente a impedir que el avance de Sea Lion y las actividades asociadas produzcan consecuencias que luego no puedan revertirse. La Argentina busca que el Tribunal ordene frenar la explotación y preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Quiénes representan a la Argentina
La delegación argentina está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno y especialistas en derecho internacional. La representación institucional incluye a María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora Betina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
El equipo jurídico cuenta además con especialistas internacionales. Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus trabajos sobre derecho internacional y recursos naturales; y Agustín Giustiniani, especialista en solución de controversias internacionales.
La delegación británica, por su parte, está integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido, y funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, miembro de la Asamblea Legislativa.
La respuesta británica: cuatro objeciones para rechazar el pedido
El Reino Unido rechaza en su totalidad el pedido de medidas provisionales y solicita al Tribunal que desestime la presentación argentina. En una nota oficial del 2 de noviembre de 2026, a la que tuvo acceso Energy Report, Londres sostuvo que la Argentina no cumple los requisitos necesarios para que se dicte una medida de este tipo.
El Reino Unido planteó cuatro objeciones. Primero, cuestionó que el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar tenga competencia prima facie para tratar la controversia. Segundo, afirmó que los derechos invocados por la Argentina carecen de verosimilitud. Además, sostuvo que no existe riesgo de perjuicio irreparable y que tampoco se verifica una situación de urgencia que justifique la intervención provisional del Tribunal.
Para respaldar sus argumentos sobre la falta de urgencia y de un daño irreparable, el Gobierno británico presentó declaraciones testimoniales de tres personas: Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas y miembro de su Consejo Ejecutivo; Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production; y Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration.
Londres afirmó, no obstante, que esas declaraciones no serían necesarias para el examen del Tribunal, porque considera que la falta de competencia prima facie y de urgencia son motivos suficientes para rechazar la solicitud. De todos modos, decidió incorporarlas para ofrecer, según sus propios términos, una visión fáctica completa del caso.
La discusión ante el TIDM tiene un alcance específico: el Tribunal no debe resolver en esta instancia la soberanía de las Islas Malvinas ni dictar un fallo definitivo sobre la validez de las licencias petroleras. Su tarea es evaluar si corresponde ordenar medidas provisionales para preservar los derechos de las partes mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará la controversia principal.
El respaldo de Milei: “ARGENTINA DE PIE”
El presidente Javier Milei se pronunció sobre la primera exposición argentina en Hamburgo. A través de su cuenta en la red social X, republicó un mensaje del exsenador y exembajador Federico Pinedo, acompañado por la frase “ARGENTINA DE PIE”.
Pinedo había destacado el momento de la presentación y el trabajo de la delegación nacional: “Histórico momento en que el consejero legal Oyarzábal, nuestro letrado Marcelo Kohen y la secretaria @IbarzabalMaria presentan en Hamburgo la defensa argentina de los recursos naturales en la plataforma continental argentina”, escribió.
El mensaje presidencial se sumó a la repercusión política de una audiencia internacional en la que la Argentina busca que se ordene la suspensión de las actividades vinculadas con Sea Lion, con el argumento de que la explotación de hidrocarburos en el área en disputa podría consumar un daño irreversible antes de que exista una decisión sobre el fondo del conflicto.
La segunda y última jornada de audiencias se realizará este miércoles 11 de noviembre. La delegación argentina volverá a exponer por la mañana y el Reino Unido tendrá la última intervención. Luego, el Tribunal deberá evaluar los argumentos de ambas partes y resolver si corresponde dictar las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.
ARGENTINA DE PIE. https://t.co/ihiU1E65GL
— Javier Milei (@JMilei) November 10, 2026