La referencia era del 15%, pero la ley faculta al Ejecutivo a bajarla por debajo del 5% en proyectos puntuales. Qué condiciones puso Mendoza y qué pasa con Malargüe.
El Senado de Mendoza convirtió en ley la reforma de Hidrocarburos con una votación contundente: 31 votos a favor y apenas 2 en contra, aportados por el bloque de Fuerza Patria. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial, pasó ahora a manos del gobernador para su promulgación.
La norma apunta a tres frentes: actualizar la regulación vigente, alentar inversiones en áreas maduras y darle un marco propio a la explotación no convencional en el sector mendocino de Vaca Muerta.
Regalías: el 15% como referencia, no como piso
El corazón de la reforma está en el régimen de regalías e incentivos fiscales para las concesiones que vengan. El texto fijó un 15% de referencia para las licitaciones públicas, pero habilitó a la provincia a ajustar el esquema de cobro según la viabilidad técnica y económica de cada yacimiento.
Más lejos todavía: la ley faculta al Poder Ejecutivo a conceder reducciones de regalías por debajo del 5% en proyectos puntuales. ¿Cuáles? La reactivación de pozos inactivos, la producción de crudos pesados y la aplicación de técnicas de recuperación mejorada o terciaria.
También se contempla la compensación parcial del canon de explotación cuando las compañías avancen con inversiones de riesgo exploratorio que dupliquen ese monto.
Vaca Muerta y el peso de Malargüe
Entre los ejes que pasaron por ambas Cámaras sobresale la incorporación explícita de la figura de la concesión de explotación no convencional, un traje jurídico a medida de las particularidades operativas del sector.
La jugada es estratégica para el desarrollo de la Cuenca Neuquina en el sur provincial, sobre todo en Malargüe, el departamento donde se ubica el sector mendocino de Vaca Muerta.
En las licitaciones públicas de permisos y concesiones, el criterio de adjudicación cambia de eje: el monto de las inversiones comprometidas pesará más que la regalía ofrecida. La prioridad declarada es sostener la actividad productiva y el empleo técnico local.
Más controles ambientales y una tasa nueva
La norma refuerza la responsabilidad y la fiscalización ambiental a lo largo de todo el ciclo productivo. Las operadoras deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público y sostener las obligaciones de saneamiento y remediación de pasivos ambientales.
Un punto clave: la salida o el vencimiento de una concesión no borra la responsabilidad por los daños causados durante la operación.
Además, se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, de hasta un 0,8% sobre lo recaudado en regalías y cánones, destinada a financiar las tareas de inspección del Ministerio de Energía y Ambiente.
Por último, los municipios productores recibirán informes trimestrales con el detalle de alícuotas, producción registrada y liquidaciones realizadas en sus jurisdicciones.
