La ley que prometía destrabar las escrituras de las familias puesteras llegó al Senado y avanzó. Pero adentro del texto apareció un número que cambia todo lo que se creía sobre el pago de la tierra.
El Senado de Mendoza dio media sanción a una reforma que busca destrabar un problema de décadas: familias que trabajan la tierra desde hace generaciones y nunca pudieron tener el título de propiedad. La iniciativa, impulsada por el senador Walther Marcolini, se aprobó con 30 votos a favor y 5 abstenciones, y ahora pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
El texto se armó junto al Gobierno provincial y los equipos técnicos de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DiGeBiRe). La idea de fondo es ordenar y unificar un conjunto de normas sancionadas entre 1993 y 2025, que arrastran superposiciones, disposiciones desactualizadas y vacíos administrativos que trababan los trámites.
Marcolini fue explícito al fundamentar el proyecto: hay generaciones enteras de familias que llevan años trabajando sus tierras sin poder acceder al título. La reforma toca las leyes 8472, 8475, 9631 y 9632, que regulan los loteos de vivienda social, la regularización dominial, las tierras fiscales y el Programa Mi Escritura.
Qué cambia para los loteos de vivienda social
Una de las modificaciones más sensibles: las deudas pendientes ya no impedirán realizar la primera escritura. Los adjudicatarios podrán acceder a facilidades de pago y dejar asentado el saldo adeudado en la propia escritura.
En tanto, para la regularización de inmuebles del Estado se amplían las posibilidades de regularizar terrenos fiscales ocupados de manera pública, pacífica y sostenida. Se exige que estén destinados a vivienda única y que sean aptos jurídicamente para su transferencia.
Tierras fiscales: venta social y adjudicación directa
La adjudicación de tierras fiscales también se flexibiliza. Se habilitan requisitos más accesibles para adjudicar terrenos a familias que acrediten ocupación pública, pacífica y continua, y se permite la adjudicación directa para quienes hayan realizado mejoras y destinen el terreno a vivienda o explotación productiva, siempre que cumplan las condiciones legales y territoriales.
Aparece además la figura de venta social para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles: podrán comprar el terreno al 50% de su valor, calculado sobre la tierra libre de mejoras.
Otro punto clave: la falta de servicios básicos, como agua o electricidad, no será por sí sola un impedimento para acceder a la adjudicación. Se mantienen los controles para evitar adjudicaciones en áreas protegidas, cauces o zonas de riesgo aluvional.
Mi Escritura se amplía
El Programa Mi Escritura incorpora a cooperativas, mutuales, sindicatos, uniones vecinales y otras entidades intermedias. El objetivo es facilitar la escrituración de viviendas que ya fueron canceladas, pero cuyos propietarios todavía no tienen título por dificultades vinculadas con las entidades que transfirieron los terrenos. También se establece la condonación de determinadas deudas correspondientes a adjudicaciones anteriores a 2015, bajo las condiciones previstas en la normativa.
El arraigo de los puesteros, con reglas propias
El proyecto modifica la Ley 6086, que regula el arraigo de los puesteros en Mendoza. El nuevo régimen se incorpora como anexo y apunta a dar respuesta a las familias que habitan históricamente las tierras no irrigadas de departamentos como Malargüe, Lavalle y otras zonas rurales de la provincia.
Marcolini explicó que se trata de realidades particulares, vinculadas con actividades tradicionales como la trashumancia y la cría de ganado caprino, en terrenos ocupados de generación en generación. Según las modificaciones previstas, los puesteros podrán acceder a la adjudicación de sus tierras abonando el 75% del valor fiscal del terreno libre de mejoras, en un plazo de hasta diez años y con cuotas adaptadas a los ciclos de cada actividad productiva.
Durante ese período no podrán vender ni arrendar el inmueble, con el propósito de garantizar la permanencia de las familias en el territorio. La reforma también incorpora herramientas tecnológicas para reducir los costos de mensura, entre ellas la posibilidad de usar drones, y fija un plazo de 180 días para resolver las inscripciones en el Registro Único de Puesteros.
Desalojos: emergencia y plazos definidos
En materia de protección, la iniciativa declara una emergencia por única vez y por dos años. Durante ese lapso los procesos judiciales podrán avanzar hasta el dictado de sentencia, pero no podrán ejecutarse los desalojos de los puesteros inscriptos respecto de los inmuebles alcanzados por la normativa.
Ese plazo podrá extenderse por un año adicional cuando la demora no sea atribuible al puestero, ya sea por ley o por decisión judicial, con un límite máximo de tres años. Además, la trashumancia y las situaciones de sequía no podrán considerarse abandono del puesto, y quienes ya hubieran iniciado sus trámites conservarán la protección.
Así, la propuesta busca reemplazar el sistema de prórrogas sucesivas de la suspensión de desalojos por un mecanismo con plazos definidos: proteger a las familias sin paralizar los procesos judiciales.
