Tan pronto como comenzó la audiencia, la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís anunció que uno de sus defendidos iba a declarar, pero solicitó un receso de 10 minutos. “¿Cuál es la razón?”, le preguntó la jueza Cecilia Tasquer. “Está nervioso porque tiene miedo”, explicó la profesional. El juicio por el robo a un joven en Famaillá en el que están siendo procesados tres policías pasó a un segundo plano. En el debate siguen apareciendo indicios de que una banda formada por uniformados robaba a narcotraficantes o estaba relacionada con ellos para ofrecerles protección.
El 19 de febrero de 2022, cuatro policías entraron al domicilio de Jorge Alejandro Nasif en Famaillá. La investigación determinó que hubo otro efectivo que habría actuado como entregador. Por ese hecho, están siendo juzgados Bruno Ciolfo, Martín Romano y Gustavo Fernández. Este último fue el único que declaró en la primera audiencia del debate.
“Me contactó Ciolfo para preguntarme si quería participar en el ataque a Nasif, el transa de Famaillá, para quitarle droga o dinero. Acepté la propuesta y después me arrepentí. Fui su compañero en la Escuela Técnica de Lules y conozco lo que él hace”, declaró Fernández, señalado como el entregador del grupo.
Precisamente, el acusado pidió hablar nuevamente. Ya lo había hecho el miércoles y en esa oportunidad negó haber participado en el robo. El viernes dijo todo lo contrario. “A mí me habló Fernández para decirme que Nasif, un transa conocido de Famaillá tenía droga y que hiciéramos un allanamiento sin autorización judicial para secuestrarla”, declaró Ciolfo. “No puedo colaborar más para que se resuelva este caso porque estoy amenazado”, agregó.
La jueza Tasquer cuando intentó profundizar, recibió una y otra vez la misma respuesta: “amenazaron con dañar a mis hijas si hablaba. Sólo puedo decir lo que conté”. Tampoco quiso que la fiscalía actuara de oficio y que le asignaran una custodia para su familia. “¿Sabe lo que pasa? Yo estoy en el penal y ellas afuera. No puedo hacer nada”, finalizó.
En la audiencia se escucharon los alegatos de todos las partes. El auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de la fiscal Mónica García de Targa, consideró que el robo quedó comprobado y que los tres acusados participaron en el hecho.
Señaló que Fernández actuó como entregador y que los otros dos acusados cometieron el ataque. Solicitó que se les aplique a los tres una pena de 20 años de prisión al encontrarlos responsables de robo triplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en banda y poblado y por ser sus autores integrantes de una fuerza de seguridad.
Los defensores Ferreyra Asís y su auxiliar Maximiliano Décima (asisten a Ciolfo y a Romano) y Jorge Muñoz y Benjamín Núñez Arévalo (Fernández) coincidieron en solicitar la exclusión probatoria de la declaración de uno de los detenidos. Según argumentaron, a Fernández lo hicieron declarar como testigo, cuando en realidad deberían haberlo hecho como imputado.
Si el tribunal, integrado por Tasque (presidenta), Enrique Cacici y Juan Daza Saracho le dan la razón, los imputados deberían ser absueltos por un tecnicismo legal. Pero ese planteo ya fue rechazado por el juez Mario Velázquez en otra instancia y es de suponerse que los magistrados mantendrán ese criterio.
Por las dudas, Ferreyra Asís planteó, en base a la declaración de Ciolfo, que sus defendidos no cometieron ningún robo, sino que en todo caso hicieron una allanamiento ilegal e incumpliendo con sus deberes de funcionario público y pidió que se los condenara por ese delitos.
En tanto que Muñoz y Núñez Arévalo también rechazaron la acusación de Sassi. Dijeron que, en todo caso, Fernández tuvo una participación secundaria que, en caso de ser condenado, recibiría una pena mucho menor. El tribunal confirmó que darán a conocer la sentencia el martes.