La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra en medio de un debate crucial que podría llevar a un paro de ómnibus este viernes debido a un conflicto con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán. El motivo de la discordia es la demora en el pago de salarios atrasados a choferes y otros miembros afiliados al gremio.
Esta situación ha dejado a unos 600,000 usuarios en vilo, esperando conocer si podrán contar con el servicio de transporte público en la provincia mañana.
El secretario general de UTA, César González, declaró a La Gaceta antes de la asamblea de delegados que las empresas no han efectuado los pagos solicitados, que incluyen un bono establecido por el Gobierno nacional y un monto proporcional por diferencias salariales correspondientes a abril y mayo. Como resultado, la asamblea de delegados ha decidido avanzar con la posibilidad de llevar a cabo esta medida de fuerza en un paro.
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González explicó: “En la reunión de las 19 se van a definir los pasos a seguir mañana. Hasta ahora no hemos tenido comunicación con los empresarios ni con nadie. Estamos a la espera.”
El gremio había comenzado con acciones de protesta el martes, con una retención de colaboración de cuatro horas (de 9 a 11 y de 15 a 17), y había advertido sobre la posibilidad de un paro en caso de que los depósitos acordados no se realizaran.
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), señalan que la situación financiera del sector es crítica y hacen hincapié en el sistema de compensaciones tarifarias a cargo del Gobierno nacional y las desigualdades en la distribución de fondos, favoreciendo a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias del interior.
A nivel nacional, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), liderada por Gerardo Ingaramo, ha emitido un comunicado esta semana en el que advierte sobre medidas inminentes, como la reducción de servicios y la suspensión de personal, para enfrentar esta situación. Además, exige una revisión en la distribución de los aportes federales, alegando que el Estado nacional continúa discriminando a las regiones del interior.
Entre otros argumentos, en FATAP argumentan que “a pesar de una inflación que supera el 100%, se ha reducido en un 32% la asignación de fondos al transporte en el interior, mientras que se ha aumentado un 46% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. Esto ha llevado a la entidad empresarial a concluir que “la estructura de costos ya no puede soportar más esta situación, y las autoridades lo saben. Si no, ¿por qué se otorgan aumentos en el AMBA y no en nuestro caso?”.