Murió un adolescente por una presunta mala praxis: pusieron $35 millones sobre la mesa y el juez dio un portazo
¿Por qué el juez se negó a aceptar los $35 millones que ofrecieron los médicos para cerrar la causa por la muerte de Agustín?
Agustín Herrera tenía 17 años cuando falleció en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta. La autopsia determinó que murió por una sepsis generalizada y una peritonitis apendicular. Tres médicos están imputados por homicidio culposo y ofrecieron una suma millonaria para evitar el juicio oral.
El caso se remonta al 18 de octubre de 2025. Ese día, el adolescente llegó al nosocomio con fuertes dolores abdominales. Según la denuncia de su padre, una médica de guardia le recetó calmantes, lo dejó en observación hasta el mediodía y luego le dio el alta.
Los dolores no cedieron. La familia lo llevó de nuevo al hospital esa misma tarde. Agustín quedó internado y su cuadro empeoró rápidamente.
El domingo 19 de octubre estaba previsto que lo operaran. Antes de entrar al quirófano sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a terapia intensiva. Murió a la mañana siguiente, el lunes 20.
Los informes forenses concluyeron que el fallecimiento se produjo por una falla multiorgánica derivada de una sepsis y una pelviperitonitis apendicular. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal tomó la causa y analizó la historia clínica y el accionar de los profesionales que lo atendieron.
La oferta millonaria para evitar el juicio
En diciembre de 2025, cuatro profesionales del hospital fueron imputados por homicidio culposo por presunta mala praxis. En septiembre de 2026, las defensas de tres de ellos pidieron la suspensión del juicio a prueba, una figura que permite evitar el debate oral a cambio de una reparación.
La propuesta incluyó 25 millones de pesos aportados por uno de los médicos y otros 10 millones ofrecidos por otro, según consignó TN. Además, pusieron a disposición un automóvil, tareas comunitarias y donaciones de distintos elementos a instituciones.
Los imputados también solicitaron no ser inhabilitados para ejercer la medicina. Argumentaron que necesitaban seguir trabajando para poder cumplir con los compromisos económicos asumidos.
El padre de Agustín, constituido como querellante, y las demás partes aceptaron la propuesta. Ese consentimiento dejaba abierta la posibilidad de un reclamo posterior por la vía civil.
El rechazo del juez Alvarado
El 3 de septiembre de 2026, el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Marcelo Alvarado, rechazó el pedido. Consideró que no se cumplían los requisitos para conceder la suspensión del juicio a prueba.
El magistrado cuestionó que los profesionales quisieran evitar el proceso penal pagando una reparación económica y, al mismo tiempo, seguir ejerciendo sin restricciones. En su resolución sostuvo: "No es razonable ni lógico pretender evitar el juicio mediante el pago de una reparación económica y además querer conservar intacta la actividad profesional en cuyo ejercicio se produjo el hecho investigado, como si no hubiese pasado nada".
Con esa decisión, la causa penal deberá continuar y la Justicia tendrá que determinar si los médicos tuvieron responsabilidad en la muerte del adolescente.
Los 35 millones de pesos formaron parte de una propuesta de reparación y no de una indemnización ordenada judicialmente. Los profesionales siguen imputados y el rechazo de la suspensión del juicio a prueba no equivale a una condena penal.
Con información de TN.
