Un informe catamarqueño puso la lupa sobre la resolución que dejó sin autorización a 7.199 cooperativas y mutuales. Los números que más llaman la atención no son los de las sanciones, sino los de un fondo que el organismo recaudó y casi no ejecutó.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dejó sin autorización para funcionar a 7.199 cooperativas y mutuales de todo el territorio argentino. La decisión quedó plasmada en la Resolución 2076/2026 y alcanza a entidades que no presentaron en tiempo y forma la documentación asamblearia y los estados contables del período que va de enero de 2023 a agosto de 2026.
El alcance de la medida fue analizado por el Instituto de Investigación Cecilia Grierson, que depende de la Asociación La Carrillo de Catamarca. El trabajo se titula “¿Cuidar o castigar?: El INAES y el alcance de la Resolución 2076/2026”, lleva la firma del licenciado Juan José Sánchez y pone el foco en las consecuencias económicas, laborales e institucionales que la decisión puede acarrear, sobre todo entre las organizaciones con menos espalda financiera.
Los números que muestra el informe
Según el documento, a junio de 2026 había en el país 22.212 entidades vigentes: 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales. La resolución alcanzó a 9.083 de ellas, es decir, el 40,89% del universo total.
De ese grupo, 7.199 quedaron suspendidas: 6.667 cooperativas y 532 mutuales. La cifra representa el 79,26% de las organizaciones analizadas y el 32,41% del total de entidades activas en el país.
A ese número se suman otras 1.438 entidades que fueron intimadas a regularizar su situación y 439 que quedaron transitoriamente exceptuadas. Estas últimas incluyen, principalmente, mutuales integradas por colectividades y cooperativas que prestan servicios públicos, y serán objeto de un relevamiento especial.
El trabajo también cita un dato del relevamiento técnico de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR): el 74% de las cooperativas sancionadas —entre suspendidas e intimadas— acumula atrasos de apenas uno o dos ejercicios contables. Muchas, además, son organizaciones creadas entre 2023 y 2025 que todavía están atravesando sus primeros pasos institucionales.
Regularizarse: un costo que muchas no pueden pagar
Uno de los puntos más cuestionados por el sector tiene que ver con la plata que exige ponerse en regla. Las cooperativas advierten que muchas no tienen los recursos para afrontar los honorarios de contadores, auditores y profesionales que certifican balances y documentación legal.
El informe recoge en ese sentido los planteos de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), que rechazó la medida y sostuvo que, detrás del argumento de ordenar y regularizar el sector, asoma el riesgo de debilitar iniciativas de organización laboral y economía solidaria.
Las entidades también alertan que la suspensión puede comprometer su capacidad operativa. No poder hacer trámites ante el organismo y las restricciones que derivan de la medida pueden afectar la continuidad de las actividades, la facturación y el sostenimiento de los puestos de trabajo.
El impacto no quedaría circunscripto a las cooperativas de trabajo. El documento señala que también podrían verse afectadas las organizaciones que prestan servicios comunitarios como agua potable, electricidad, gas e internet, sobre todo en localidades pequeñas y zonas rurales donde muchas veces son la única vía de acceso a esos servicios.
El fondo que se recauda y no se ejecuta
Otro de los ejes centrales del trabajo es a dónde va la plata que financia al INAES. El informe sostiene que hay una contradicción entre las exigencias de regularización que se les imponen a las entidades y el uso de los fondos que la ley destina a promover y fortalecer el cooperativismo.
El análisis se detiene en el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (FONEDU), creado por la Ley 23.427 y alimentado con los aportes de las propias cooperativas.
De acuerdo con datos de COOPERAR citados en el documento, entre enero de 2024 y agosto de 2026 las cooperativas aportaron al Estado $171.664 millones por ese mecanismo. En ese mismo período, el INAES ejecutó $46.336 millones, lo que dejó un saldo de $125.328 millones sin aplicación presupuestaria en el organismo.
La proyección para 2027 no cambia el panorama. Según el análisis presupuestario incluido en el informe, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo prevé una recaudación de $169.516 millones para el FONEDU, mientras que el gasto autorizado para el organismo es de $24.706 millones.
El documento cuestiona que esos recursos no se destinen prioritariamente a financiar asistencia técnica, capacitación y herramientas que les permitan a las organizaciones cumplir con sus obligaciones administrativas. En la misma línea, señala que entre 2023 y 2026 la ejecución real destinada a promoción, capacitación y fomento cooperativo y mutual cayó un 57,22%, mientras que los recursos para conducción y administración subieron un 40,88%.
Qué rol debe cumplir el INAES
Para el informe, la discusión va más allá del cumplimiento de las obligaciones contables y administrativas. La pregunta de fondo es si el organismo debe limitarse a fiscalizar y sancionar a las entidades con irregularidades o si también tiene que garantizar mecanismos de acompañamiento para que puedan regularizar su situación.
Entre las propuestas para revertir el escenario, COOPERAR plantea levantar las suspensiones, derogar la Resolución 1659/16, crear un programa de regularización con plazos extendidos de hasta 23 meses y proveer auditorías externas gratuitas para las cooperativas que no puedan afrontar esos costos.
También propone modificar la Ley 23.427 para coparticipar los fondos recaudados con las provincias y permitir que parte de los aportes de las cooperativas se canalicen a través de sus federaciones, con el objetivo de fortalecer las políticas de formación y promoción.
La conclusión del Instituto Cecilia Grierson es que el problema no se reduce a la cantidad de entidades alcanzadas por la Resolución 2076/2026, sino también al destino de los recursos que genera el propio sector. En ese contexto, advierte que una política centrada en las sanciones, sin herramientas suficientes de asistencia y regularización, puede profundizar las dificultades de organizaciones que sostienen fuentes de trabajo y servicios esenciales en distintas comunidades del país.
