Neuquén heredó un sistema de seguridad con falencias estructurales y años de inversión insuficiente. Ahora autorizó la compra de 1.200 armas no letales y la ampliación de la red de cámaras: qué cambia para los vecinos.
El gobierno neuquino autorizó una licitación para llevar el sistema de videovigilancia de 1.680 a 3.028 cámaras y compró 1.200 dispositivos Byrna y Taser por más de 6.071 millones de pesos. La gestión de Rolando Figueroa busca revertir las falencias estructurales que heredó en materia de seguridad.
Cuando Figueroa asumió, el diagnóstico era complicado: infraestructura insuficiente, equipamiento postergado y años de inversión insuficiente durante la gestión de Omar Gutiérrez y su ministra Vanina Merlo. La decisión política fue dejar de administrar las carencias para empezar a reforzar las herramientas de prevención y combate al delito.
Más cámaras y con inteligencia propia
El decreto 1882/2026 habilitó la licitación para ampliar la red de videovigilancia. El salto es del 80%: de 1.680 a 3.028 dispositivos, con alcance en Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre.
El proyecto no se limita a colocar más cámaras. Incorpora tecnología de última generación, análisis inteligente de imágenes, identificación automática de vehículos y un sistema propio y autogestionado que le dará a la Provincia mayor autonomía operativa.
Armas de baja letalidad y capacitación
Los decretos 1718 y 1771 autorizaron la compra de 1.200 dispositivos Byrna y Taser, además de cámaras corporales y equipamiento complementario, por más de 6.071 millones de pesos.
Se trata de alternativas de intervención de baja letalidad que cuentan con amplio consenso social y que ampliarán las posibilidades de actuación policial. La incorporación incluirá capacitación y certificación del personal, con el objetivo de profesionalizar la tarea.
Resultados contra el narcomenudeo
La política de seguridad también se mide en el accionar contra el narcomenudeo. Desde la implementación de la Ley 3488, entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026, se realizaron 500 allanamientos y se lograron 218 condenas.
En ese período se clausuraron 43 puntos de venta de drogas y se secuestraron 227 kilos de marihuana, 49,5 kilos de cocaína, 102 armas y 276 millones de pesos.
El gobierno provincial sostiene que la seguridad dejó de ocupar un lugar secundario y pasó a ser una prioridad de gestión, con herramientas incorporadas y resultados que ya pueden exhibirse, aunque todavía quedan desafíos por delante.
