Passerini y 80 intendentes van por todo: el plan B que ya analizan contra Milei
Tenía un solo objetivo: revisar el recorte de medicamentos del Remediar. Pero en la reunión de Diputados los intendentes sumaron otro frente y dejaron picando una amenaza que puede terminar en la Corte Suprema. ¿Qué pasó adentro?
La pelea por los subsidios al transporte y por el Programa Remediar sumó un capítulo que puede terminar en tribunales. Cerca de 80 intendentes de distintas provincias y partidos se reunieron en la Cámara de Diputados y no descartaron presentarse ante la Corte Suprema para frenar lo que consideran un reparto injusto de los fondos nacionales.
La cita fue en la comisión de Asuntos Municipales, que preside la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas), y arrancó pasadas las 12. El temario original era el desmantelamiento del Programa Remediar, pero el debate se amplió cuando los jefes comunales sumaron su malestar por los subsidios al transporte público.
De 126 a 6 medicamentos: el recorte que desvela a los municipios
El Gobierno nacional dispuso el fin del Remediar y anunció en su lugar un Plan Nacional para Enfermedades Cardiovasculares. En la práctica, la cobertura para quienes no tienen obra social ni prepaga pasa de 126 a 6 medicamentos, todos destinados a afecciones cardíacas.
Los intendentes dan por sentado que ese ajuste caerá sobre sus arcas. Pablo Javkin, de Rosario, calculó que la medida representa un recorte cercano a los $13.500 millones y remarcó que se tomó “sin ningún tipo de correspondencia fiscal”.
Rossana Chahla, médica, exministra de Salud y actual intendenta de San Miguel de Tucumán, fue más dura: sostuvo que la resolución implica un ajuste del 95% de un programa que funciona desde hace más de dos décadas. “Acá se ha tomado una medida sin estudiar una política pública”, afirmó, y detalló que su provincia recibió un 83% menos de botiquines que en 2024. “Esto no es salud pública”, disparó.
Rosario Romero, intendenta de Paraná, recordó que el Remediar existe desde 2002 y sobrevivió a gobiernos de distinto signo porque era “un buen programa” diseñado por sanitaristas. “Quienes hoy creen que sacando el Plan Remediar van a hacer economía, al contrario, van a generar mayor deterioro, porque van a provocar mayor crecimiento de enfermedades que las podemos prevenir desde los centros de salud primaria”, advirtió.
El otro frente: los subsidios al AMBA
Al reclamo sanitario se le sumó la decisión del Poder Ejecutivo de actualizar los subsidios a los colectivos del área metropolitana, lo que representa $38.840 millones extra para las empresas del AMBA.Javkin cuestionó que Nación haya recortado los subsidios al transporte y les haya puesto un tope, pero al mismo tiempo haya decidido subsidiar a la oferta —y no a la demanda— exclusivamente en el AMBA. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”, sostuvo.
El rosarino también apuntó contra el IVA que Nación les cobra a los municipios. “O sea que además sobre la prestación de esos servicios que antes prestaba la Nación se nos carga con el costo del impuesto al valor agregado”, señaló, y estimó que Rosario destinará $155.000 millones al pago de ese tributo.
Romero, en tanto, defendió el rol del Estado en el sistema: “El transporte público no es un lujo”, dijo, y agregó que “el subsidio no es un pecado, ayuda a sostener un sistema de transporte público”. También cuestionó el congelamiento de los beneficios de la SUBE.
La Corte Suprema, en el horizonte
Daniel Passerini, intendente de Córdoba Capital, puso números sobre la mesa: “Hay U$S 460 millones para el AMBA, contra $0 para el interior”. Y aclaró que no están en contra del subsidio al área metropolitana, sino de que se destine a una sola jurisdicción cuando los recursos provienen del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se paga en todo el país.
“Ese derecho adquirido quedó de 129 medicamentos a seis medicamentos. Ese botiquín tiene un efecto colateral porque los afiliados del PAMI van a hospitales y centros de salud a pedir esos medicamentos”, explicó sobre el Remediar.
Tras su exposición, y en diálogo con la prensa, Passerini confirmó que desde el Consejo Federal de Intendentes (Cofein), que él preside, están “analizando ir a la Corte Suprema” por el incumplimiento en el reparto de lo recaudado con el ICL. Su contrapropuesta a Nación es concreta: “Eliminen el ICL y bajamos 35% el pasaje” de colectivos.
“Los municipios estamos hartos pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos”, cerró el cordobés.
Auditorías, deudas y una represalia denunciada
Claudia Godoy, intendenta de San Marcos Sud, apuntó contra el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, por enviar auditorías mientras las deudas del PAMI siguen sin pagarse. “Yo no tengo ningún problema que me auditen, yo quiero que me paguen”, lanzó.
Según relató, como represalia le mandaron una auditoría a su localidad con 9 personas que viajaron desde Buenos Aires en avión con todo pago y gastaron más de $9 millones, el mismo monto que se le adeudaba. “Todavía estoy esperando que me devuelvan el resultado de la auditoría”, cerró.
