Pidió un lote fiscal para ella y terminó votando su propia adjudicación
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Pidió un lote fiscal para ella y terminó votando su propia adjudicación

Una concejal de San Patricio del Chañar pidió al municipio que le vendiera un lote fiscal. Meses después, el proyecto llegó al recinto y ella misma tomó la palabra para fundamentarlo. La Justicia ya la tiene en la mira.

La concejal de San Patricio del Chañar Mónica Beatriz Barrera quedó formalmente acusada por la Justicia por haberse interesado personalmente en el dictado de una ordenanza que le adjudicó un lote de tierra pública. La imputación la formuló el fiscal del caso, Juan Narvaez, junto al asistente letrado Facundo Bernat, y el juez de garantías Luciano Hermosilla la tuvo por formulada en una audiencia realizada este martes.

El delito que se le atribuye es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autora (artículos 265 y 45 del Código Penal). El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, tal como había pedido el Ministerio Público Fiscal. El abogado querellante que representa a la Fiscalía de Estado acompañó ese pedido.

Qué pasó con la viceintendenta

En la misma audiencia, la fiscalía había solicitado imputar también a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 45 del Código Penal). El reproche apuntaba a que habría omitido los controles propios de su cargo durante el trámite legislativo.

Hermosilla, sin embargo, no hizo lugar a esa imputación al considerar que existen dudas sobre el dolo en su accionar. La decisión quedó abierta: el juez la rechazó "por el momento".

La maniobra, paso a paso

Según la teoría del caso que expuso la fiscalía, todo comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera, en ejercicio de su cargo, solicitó al Poder Ejecutivo Municipal que derogara una ordenanza de 1996 y le adjudicara en venta a su favor el Lote 10 de la Chacra 28, en Picada 9.

El expediente fue elevado por el Ejecutivo y el 24 de junio de 2025 la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. La propia Barrera participó de esa comisión y, de acuerdo con la acusación, lo hizo sin contar con un dictamen legal formal previo.

Al día siguiente, en la Sesión Ordinaria N° 13, la concejal no se abstuvo ni fue apartada del tratamiento: tomó la palabra para fundamentar el proyecto y votó a favor de su propia adjudicación. La iniciativa se aprobó por mayoría simple, con tres votos a favor y dos en contra, y así se sancionó la Ordenanza N° 1497/25, firmada por González, que autorizó el cambio de titularidad del inmueble.

Los dos puntos que cuestiona la fiscalía

Para el Ministerio Público Fiscal, el procedimiento incumplió la Carta Orgánica Municipal en dos aspectos centrales. Por un lado, la venta de inmuebles fiscales exige una mayoría calificada de dos tercios, es decir cinco votos, y no la mayoría simple que se aplicó. Por el otro, la norma obliga a pasar por un mecanismo de licitación pública o remate, que no se realizó.

A eso se suma un detalle temporal que la fiscalía marcó como relevante: el dictamen legal por escrito se incorporó al expediente recién minutos después de finalizada la sesión.

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