Nueve recursos de queja ingresaron a comienzos de abril a la Corte Suprema de Justicia. Todos, a excepción del recurso del fiscal general Mario Villar, persiguen un mismo objetivo: que se anule la sentencia condenatoria del caso Vialidad. Después de analizar los aspectos formales de esas presentaciones, los integrantes del máximo tribunal resolvieron que sólo se pedirá la opinión del Procurador General de la Nación sobre un sólo planteo, el de Villar, que reclama una pena de doce años de prisión para Cristina Kirchner. Así se abren, al menos, tres escenarios posibles en la cuenta regresiva para que se defina el futuro judicial y político de la ex vicepresidenta.
Entre esas alternativas, la Corte puede no abrir los recursos y de esa forma convalidar la decisión de Casación y la sentencia condenatoria de Cristina, que quedaría firme. También puede aceptar los recursos y pedir a Comodoro Py el expediente completo de la causa: en ese caso puede ratificar la condena o anular lo establecido por Casación, beneficiando a la ex presidenta. Pero hay una instancia “combinada” como algunos especialistas indicaron. La Corte puede abrir los recursos de queja, rechazar todos menos el del Ministerio Público Fiscal y así ampliar la condena contra Cristina.
La defensa de ex vicepresidenta presentó ante la Corte el recurso de queja en el caso Vialidad con el que evita que quede firme la sentencia en su contra. Está condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado con una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo neurálgico del recurso es que la Cámara de Casación “tribunal macrista rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas”.
Al manifestar su rechazo al criterio que Casación adoptó, que fue reiterar la confirmación de la sentencia condenatoria, la ex vice consideró que en ese fallo los jueces “tampoco respondieron sobre la arbitrariedad manifiesta de la sentencia, ni la refutación concreta y razonada que se hizo de cada uno de los “fundamentos” dibujados en las instancias previas”.
La competencia de la Corte puede ser habilitada en casos excepcionales a través de un recurso denominado, justamente, extraordinario que está reservado solo a casos en donde se discuten cuestiones constitucionales. Los jueces del máximo tribunal penal entendieron que los cuestionamientos en la causa Vialidad son cuestiones de hecho, prueba y de derecho común que no es materia apelable ante la Corte Suprema.
Es el criterio que busca revertir la ex vicepresidenta con el recurso ante el máximo tribunal. Considera que sí es apelable la confirmación de la sentencia condenatoria que el 6 de diciembre de 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) al encontrarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado fue estimado en 85.000 millones de pesos.
Cuando todos los planteos ingresaron a la Corte, se contabilizaron nueve recursos de queja correspondientes a los imputados en este caso, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti. También, el fiscal general Mario Villar, interpuso su planteo con el que específicamente considera que la decisión de la Casación debe revisarse porque entiende que hay elementos jurídicos suficientes para atribuirle a la ex vice junto con la administración fraudulenta, el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Esto implica elevar la pena de seis a doce años de cárcel.
La oficina penal fue la responsable de recepcionar todos los escritos de diez páginas cada uno. Acto seguido se realizó un informe para elevar a los tres ministros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el mismo se detallaron formalidades respecto a las quejas formuladas, el común denominador es que -a excepción del planteo del Ministerio Público Fiscal-, todos referían a la arbitrariedad de la Sala IV de la Casación a la hora de rechazar las apelaciones a la confirmación de la sentencia acusatoria.
Al observar este aspecto puntual, se resolvió que el único recurso que sería remitido a la Procuración General de la Nación encabezada por Eduardo Casal, es la del fiscal general. El resto de los planteos permanecerán en la Corte.
Sólo hasta que haya un pronunciamiento del jefe de los fiscales, es decir, con todos los recursos incorporados, el máximo tribunal comenzará a analizar si abre la queja o no.
¿Qué escenarios se abren?
Al menos hay tres posibles. En primer lugar, la Corte tiene la potestad para resolver no abrir los recursos, a través del artículo 280, niega el estudio de los reclamos. De esa manera convalida el criterio establecido por la instancia anterior, esto es: la Sala IV de Casación que entendió que no había sustento para apelar la confirmación de la condena. En ese caso, la consecuencia inmediata es que la sentencia queda firme. Fue éste el procedimiento aplicado, por ejemplo, en el caso Ciccone.
Otra de las posibilidades es que los cortesanos acepten abrir los recursos de queja. En tal caso deberán pedir a Comodoro Py el envío del expediente completo. Sin embargo, el resultado final puede ser el mismo: un rechazo a los recursos analizados. Con lo cual, también la sentencia condenatoria sería de efectivo cumplimiento. Implica esa decisión, para la ex vicepresidenta, una eventual prisión domiciliaria por seis años, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A eso debe sumarse los decomisos aplicados en función del perjuicio ocasionado que se estipuló en 85.000 millones de pesos, cifra que el Tribunal pidió actualizar en caso de que se dé firmeza al fallo.
En la vereda opuesta a este criterio, se encuentra lo que las defensas aguardan: que con la apertura de la queja y su posterior estudio, se anule la determinación de la Casación respecto al doble conforme otorgado a la condena por hechos de corrupción.
Pero hay una tercera posibilidad: una instancia “combinada” como algunos especialistas indicaron. La Corte puede abrir los recursos de queja, rechazar todos menos el del Ministerio Público Fiscal. Acto seguido, se puede solicitar a la Cámara de Casación que estudie el reclamo del fiscal Villar que exige duplicar la pena de Cristina.
Sucede que en tal caso, se inicia otro recorrido judicial que demandará mucho tiempo. Una nueva sala del máximo tribunal penal deberá tomar el caso, ya que la interviniente (la IV) ya fijó posición al respecto.
La Corte mantiene una máxima y es que nunca, aún con las notorias diferencias internas, resuelve en contra de su propia jurisprudencia.
El dato en todo esto es que el Procurador Casal no cuenta con plazos para pronunciarse. Será su dictamen el que destrabe la instancia siguiente que abre de base tres escenarios posibles, mientras corre el calendario electoral para la presidenta del Partido Justicialista nacional.
Fuente: clarin.com