Después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso Hotesur-Los Sauces y confirmó lo dicho por la instancia anterior -que Cristina y Máximo Kirchner deben ir a juicio oral, acusados de lavado de dinero a través de las empresas familiares- el expediente regresó a Comodoro Py. Sin fecha para el inicio del juicio, el problema de las vacancias en ese fuero podría retrasar el comienzo del debate.
El 18 de septiembre de 2023, la Casación Federal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera del los Kirchner) y Los Sauces (firma inmobiliaria) que se tramitan unificados, lo que obliga a la expresidenta y a su hijo a afrontar el juicio oral por asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. La única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.
El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, llegó a la Corte para revertir la decisión que obliga a Cristina Kirchner a afrontar un nuevo juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción.
Pero el máximo tribunal validó lo que había manifestado la Sala I de la Casación, conformada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña: Hotesur-Los Sauces debía reabrirse y todos los acusados comparecer ante un Tribunal de juicio.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), pero sin la intervención de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, quienes habían sobreseído a la ex vicepresidenta. Sólo se mantuvo a la jueza Adriana Pallioti y fueron sorteados los magistrados José Michilini (que sobreseyó a Cristina en el Pacto con Irán) y Nicolás Toselli. El fiscal general Diego Velasco era el acusador.
El problema que se avecina y que varios comienzan a observar con preocupación, es una pequeña muestra de lo que producen los cargos vacantes en el edificio de Comodoro Py 2002.
El juez Nicolás Toselli es subrogante en el TOF 5, y su suplencia termina en los primeros días de diciembre.
Si previo a esa fecha no se fija cuándo comenzará el juicio oral y público contra Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, entre otros, se deberá conformar nuevamente el Tribunal que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el debate.
El criterio instaurado por la Casación -que tiene superintendencia sobre los Tribunales de juicio- es que cuando se fija la fecha de audiencia, los tres jueces que lo resuelven son los que integran el TOF que encabezará el debate oral.
Bajo ese entendimiento, si antes de que concluya la subrogancia del juez Toselli se firma la resolución que informa cuándo comenzará el juicio, él integrará el Tribunal durante esa instancia. De no ocurrir eso, se deberá designar a otro juez, que deberá interiorizarse con el expediente previo a avanzar hacia el inicio del debate.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que hay cuestiones planteadas hace meses que el TOF 5 aún no responde. Por ejemplo, un pedido de Cristina Kirchner y su hijo para que se reemplacen los embargos vigentes por un conjunto de bienes ofrecidos. El planteo fue rechazado por el fiscal Velasco el 13 de febrero y aún no hay pronunciamiento por parte de los magistrados.
“Los jueces subrogantes siempre son un obstáculo, siempre es un retraso”, señaló una fuente judicial que conoce de cerca el caso y puso un ejemplo concreto: “Cuando el TOF 5 estaba integrado por Adrián Grünberg él firmó un sobreseimiento a pocos días de que terminarse la subrogancia, que dura un año prorrogable por la ley de subrogancias”.
Otro magistrado que integra Tribunales de juicio indicó que la subrogancia “es un problema, lo único que sirve es para salir de un momento. Y sin embargo, se ha perpetuado”. Hay magistrados que llevan hasta nueve años subrogando otros Tribunales Orales.
En el fuero federal porteño, sólo cuatro TOF cuentan con sus tres jueces titulares: el 1, 3, 7 y 8. Los restantes deben contar con las subrogancias de los demás magistrados. El caso extremo es el del TOF 6: sólo tiene suplentes.
El caso Hotesur-Los Sauces
Conocido como Los Sauces-Hotesur, el expediente investiga una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, la inmobiliaria y la firma hotelera nunca tuvieron una actividad comercial genuina sino que se utilizaron como “pantallas societarias” para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez (a través de la obra pública vial) obtenía y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.
Respecto de la inmobiliaria se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, según valores del año 2015.
La acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuya sentencia condenatoria contra Cristina, Báez y los demás acusados, fue confirmada este año por la Cámara de Casación.
Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero. A la expresidenta, además, le atribuyeron el delito de dádivas, por tratarse de tratativas entre un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Fuente: clarin.com