Se esperaba un esquema de multas para los trapitos de Posadas. El Concejo aprobó otra cosa: tareas comunitarias, y la orden puede caer incluso si no hay cobro de por medio. Qué pasa con quienes hoy viven de esto.
El Concejo Deliberante de Posadas aprobó este jueves una ordenanza que prohíbe las actividades informales de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública. La votación terminó 11 a favor y tres en contra, y el texto establece un régimen de control para los denominados "trapitos" y limpiavidrios que incluye tareas comunitarias y la posibilidad de pedir intervención policial si la persona se niega a acatar la orden.
La iniciativa la presentaron los concejales Valeria Gómez de Oliveira y Pablo Argañaraz, y pasó por el dictamen de las comisiones de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, y de Hacienda y Presupuesto.
La sesión ordinaria se realizó el jueves 29 de octubre. Las concejales Samira Almirón, Malena Mazal y Laura Traid, del bloque Posadas en Movimiento, fueron las tres voces negativas.
Qué queda prohibido (y no hace falta que haya cobro)
El punto que más llama la atención es la amplitud de la norma: rige en todo el ejido municipal y no exige que haya una exigencia de dinero para que se constate la infracción. Alcanza a quienes ofrecen estos servicios de manera informal aunque no pidan ni reciban retribución alguna.
El texto enumera las conductas comprendidas: cuidado, vigilancia, lavado, limpieza, acomodamiento y reserva de espacios para vehículos estacionados o en circulación.
También entran la solicitud o recepción de dinero a cambio de cuidar autos, la ocupación reiterada de sectores de la vía pública para ofrecer el servicio, la limpieza de parabrisas, la asignación informal de lugares para estacionar y el uso de conos, cajones o tachos para reservar espacios.
Incluso podrán considerarse infracciones las indicaciones reiteradas a conductores para entrar o salir de un estacionamiento, siempre que existan circunstancias objetivas que permitan vincularlas con las actividades prohibidas.
En la práctica, la intervención municipal no dependerá de que un conductor denuncie haberse sentido intimidado o presionado para pagar: también podrá activarse cuando los inspectores comprueben alguna de las conductas previstas.
Cómo se denuncia y cómo actúa el inspector
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá habilitar canales de denuncia presenciales, telefónicos o digitales que funcionen las 24 horas, todos los días de la semana. Por ahí los vecinos podrán informar sobre la presencia de personas que desarrollen las actividades prohibidas.
Recibida la denuncia, un inspector municipal deberá concurrir al lugar, comunicarle a la persona involucrada que la actividad está prohibida e intimarla a interrumpirla en el acto y retirarse del sector. Si se niega a cumplir, el funcionario podrá solicitar la intervención de la fuerza pública.
Para documentar la infracción, los inspectores deberán labrar un acta con las conductas observadas, la ubicación, la fecha, el horario y demás circunstancias relevantes. Las actuaciones podrán complementarse con fotografías, filmaciones, imágenes de cámaras municipales y testimonios voluntarios de conductores o terceros.
En todos los casos, la constatación deberá sustentarse en observaciones directas o en indicios objetivos, precisos y concordantes que permitan acreditar razonablemente la realización de las actividades.
La sanción: tareas comunitarias, no multas
A diferencia de otros regímenes contravencionales que se apoyan en multas económicas, la ordenanza de Posadas fija tareas comunitarias para quienes continúen con las actividades prohibidas.
Esas tareas podrán consistir en trabajos de utilidad pública o asistencia a actividades educativas, según lo determine el Juzgado Municipal de Faltas competente. La aplicación se hará conforme al régimen de la Ordenanza X-N.º 19, y el texto contempla que las tareas comunitarias se establezcan como medidas sustitutivas o complementarias, de acuerdo con las circunstancias y lo que disponga la Justicia de Faltas.
La Secretaría de Movilidad Urbana será la autoridad encargada de aplicar la normativa, controlar su cumplimiento y coordinar las intervenciones.
Qué pasará con quienes hoy trabajan en la calle
La ordenanza no solo restringe: también incorpora disposiciones para ofrecer alternativas de inserción laboral a quienes hoy obtienen ingresos con estas actividades.
El Departamento Ejecutivo, a través de la Oficina de Empleo y otras dependencias, podrá promover programas de capacitación, formación en oficios y acceso al empleo formal para las personas alcanzadas por la prohibición.
Sin embargo, la norma no establece una incorporación laboral automática ni garantiza puestos de trabajo para quienes actualmente se desempeñan como cuidacoches o limpiavidrios: la implementación dependerá de los programas que eventualmente impulse el Municipio.
Otro de los puntos contempla la atención de personas que atraviesen situaciones de consumo problemático de sustancias o padecimientos vinculados con las adicciones. Para esos casos se dispone que el Ejecutivo arbitre los medios necesarios para facilitar el acceso a dispositivos de orientación, asistencia y tratamiento, en articulación con los organismos competentes y conforme a la Ordenanza XII-N.º 66.
El argumento de los impulsores y los votos en contra
La concejal Valeria Gómez de Oliveira sostuvo que uno de los objetivos de la iniciativa es atender los reclamos de vecinos que manifiestan sentirse intimidados al estacionar sus vehículos o detenerse en los semáforos.
Según explicó, la propuesta también busca que las personas que hoy realizan estas tareas puedan acceder a otras oportunidades laborales y, cuando corresponda, a programas de asistencia.
La edil señaló que hay situaciones en las que los automovilistas perciben que el ofrecimiento del servicio no es voluntario, especialmente cuando se les pide dinero por estacionar en espacios públicos. No obstante, la ordenanza aprobada va más allá de esos casos, porque prohíbe el ejercicio de las actividades independientemente de que exista una exigencia de pago.
En el recinto, la propuesta obtuvo el acompañamiento de once concejales, mientras que las tres representantes de Posadas en Movimiento se pronunciaron en contra.
Cuándo empieza a regir
Con la aprobación legislativa, el siguiente paso es la intervención del Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Leonardo Stelatto. Para su aplicación deberá completarse el procedimiento correspondiente, incluida la promulgación y la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial Municipal.
Una vez que la normativa entre en vigor, la Secretaría de Movilidad Urbana tendrá a su cargo las tareas de aplicación, mientras que el Ejecutivo deberá avanzar en la habilitación de los canales de denuncia previstos.
