Preso en Ezeiza, Báez seguía manejando un imperio de campos y hasta una línea oficial del Servicio Penitenciario

La Unidad Fiscal de Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), imputó a Lázaro Báez por dirigir desde la cárcel una estructura que movía bienes alcanzados por la Justicia y habría lavado casi 391 millones de pesos. La formalización se hizo en dos audiencias celebradas este jueves, en las que se imputó a 16 personas en dos causas conexas.

Una red de diez personas detrás de las rejas

Según la acusación fiscal, el empresario, que cumple una condena de 15 años en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, encabezaba una organización de diez integrantes y la manejaba por teléfono. La imputación sostiene que administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de sus condenas, administración que le está vedada por el artículo 12 del Código Penal.

La calificación que la fiscalía presentó en la audiencia incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. El flujo estimado en la investigación asciende a 390.880.000 pesos.

El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró legales 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y fijó en dos años el plazo máximo de las investigaciones, tal como pidió el Ministerio Público Fiscal. Para los otros cuatro implicados dispuso medidas de coerción.

El nexo con la banda narco

El caso tiene un costado que complica aún más el panorama de Báez. Uno de sus supuestos operadores, identificado como C.S.I. y señalado por la fiscalía como "operador de hecho y administrador territorial", es a la vez imputado como líder de una organización narcocriminal que trafica cocaína en Santa Cruz. Esa banda, con nueve integrantes, también fue imputada en la segunda audiencia y se le atribuye actividad al menos desde diciembre de 2025.

La investigación contra el empresario, de hecho, nació de las escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la causa por narcotráfico. Según la hipótesis fiscal, el entorno de Báez no solo sacaba activos del control judicial —inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluidos—, sino que usaba a los cabecillas de la banda narco para mover fondos y bienes.

Respecto de la organización narcocriminal, la fiscalía sostuvo que transportaba cocaína en camiones de una empresa de logística y la distribuía a través de un lavadero donde se hacían las entregas. El lavado de las ganancias se concretaba con cuentas bancarias y bienes a nombre de terceros, y con transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales para reinsertar el dinero en el circuito legal.

"El dueño de la historia"

La reconstrucción de la fiscalía indica que Báez daba órdenes desde una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. En una de las escuchas se refirió a sí mismo como "el dueño de la historia", y en su entorno lo llamaban "Antonio" o "el Tío".

Durante la audiencia se expusieron conversaciones en las que el empresario disponía cómo explotar sus bienes. En una de ellas dice: "decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados".

El fiscal Zárate resumió la hipótesis en la audiencia: "Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria y cuya actividad se encontraba en plena ejecución al momento de las detenciones".

El "clan" y los bienes en juego

Para la fiscalía, bajo la jefatura de Báez funcionaba una conducción ejecutiva integrada por su pareja, C.I., y por C.S.I. Además, un anillo familiar de soporte logístico y testaferros (F.D. y V.D., hermano del primero y pareja de C.S.I.), un canal de justificación agropecuaria y financiera a cargo de P.G. y M.G., y una cobertura contable de D.N. La estructura se completaba con J.U. como nodo de estratificación financiera, J.A. como enlace y verificador de bienes, y O.N. como contraparte de las disposiciones y encargado del relevamiento de campos.

A este último, el propio Báez lo incluyó en una lista manuscrita que tituló "EL CLAN", hallada en su celda durante un allanamiento junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores.

Entre los activos que aparecen en la investigación figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro; unidades del edificio "Koonek" —cinco de ellas hoy a nombre de la Corte—; alquileres a tres empresas; un inmueble sobre la costanera de El Calafate; dos galpones cuya disposición se habría pactado en 250 millones de pesos; y un Ford Mondeo de Báez que fue secuestrado.

Las fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1, 2 y 6, a cargo de Diego Luciani, Abel Córdoba y Diego Velasco, aportaron el detalle de los bienes que permitió acreditar el estado de ejecución de la pena y de los bienes cautelados o sujetos a decomiso.

Prisión preventiva y embargos

Por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la causa, y a pedido de la fiscalía, el juez dispuso la prisión preventiva de los cabecillas de la banda narco: J.U., J.A., J.B. y C.S.I., este último también detenido en la causa conexa por lavado. A P.L. y P.B. se les impusieron arrestos domiciliarios como medidas de coerción.

Además, el magistrado autorizó el secuestro y el embargo preventivo de todos los vehículos incautados en los operativos de esta semana, y amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero de los imputados.