Los ministros de Pullaro se sentaron dos horas con los diputados de su propio frente para ratificar el texto original. La respuesta de los socialistas dejó el proyecto sin dictamen y sin fecha firme.
La reforma de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro no llegó al recinto este jueves 29 de octubre. Las diferencias entre radicales y socialistas dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe impidieron consensuar un dictamen y el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública quedó fuera del temario de la Cámara de Diputados santafesina.
La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo en mayo y contaba con preferencia para su tratamiento. Las negociaciones previas, sin embargo, no alcanzaron para habilitar la discusión y el oficialismo sumó un nuevo traspié en su agenda legislativa.
Qué buscaba la reforma
El proyecto apunta a ampliar las herramientas de investigación penal y las facultades policiales y fiscales. También pretende introducir cambios en el funcionamiento del sistema penitenciario y en distintas normas vinculadas con la investigación criminal.
La postergación frena por ahora esos cambios y obliga al Gobierno provincial a rearmar la estrategia parlamentaria.
La interna que trabó el debate
El nudo está en el alcance de las modificaciones al Código Procesal Penal y en las nuevas atribuciones que se busca dar a las fuerzas de seguridad. Desde el radicalismo defienden la necesidad de ampliar las herramientas legales para profundizar la política de seguridad provincial. El socialismo, en cambio, mantiene reparos sobre varios artículos y advierte por sus posibles implicancias para las garantías constitucionales y los controles judiciales.
El miércoles hubo una reunión clave: los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se sentaron durante aproximadamente dos horas con diputados del interbloque oficialista. Allí ratificaron la redacción original del proyecto enviado por el Ejecutivo. Pese al encuentro, las diferencias persistieron y no se reunieron los consensos necesarios.
A las objeciones internas se sumaron las observaciones de actores del sistema judicial. Entre ellos, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), colegios de abogados y especialistas en derecho penal. Los cuestionamientos se concentraron en el alcance de las atribuciones policiales y fiscales y en los mecanismos de control previstos.
Los puntos más discutidos
La iniciativa busca modificar seis leyes provinciales. Entre los cambios que generan más debate aparecen:
Allanamientos sin orden judicial: se ampliarían los supuestos excepcionales en los que la Policía podría ingresar a determinados inmuebles sin autorización judicial previa.
Declaraciones en la investigación: se modificarían las condiciones para recibir declaraciones en las primeras etapas de una causa penal, incluida la intervención de la defensa.
Medidas privativas de la libertad: habría cambios en las disposiciones del Código Procesal Penal sobre medidas coercitivas.
Intervención policial en espacios públicos: se establecerían zonas de intervención especial con facultades específicas para actuar frente a determinadas situaciones.
Inmuebles ligados a actividades delictivas: se incorporarían mecanismos para intervenir sobre propiedades relacionadas con el microtráfico y otros delitos, bajo los supuestos previstos en la iniciativa.
Régimen penitenciario: se modificarían disposiciones para personas detenidas que continúen organizando delitos desde las cárceles.
Inteligencia y recompensas: se introducirían cambios en las normas de inteligencia y en los mecanismos de ofrecimiento de recompensas vinculadas con la seguridad pública.
Cuándo vuelve al recinto
Las conversaciones entre los bloques seguirán en los próximos días para acercar posiciones y fijar una nueva fecha. Por ahora se evalúan dos alternativas: el 5 o el 19 de noviembre. La definición dependerá de los acuerdos que se alcancen.
La demora deja pendiente una de las principales apuestas legislativas del Gobierno provincial en materia de seguridad. Pullaro sostiene que las reformas son necesarias para ampliar las herramientas de actuación policial y fortalecer las investigaciones penales.
Antes de llegar al recinto, el oficialismo deberá resolver si mantiene el texto original o si acepta modificaciones para conseguir los apoyos que hoy no tiene.
