Puso la lupa en el puente logístico a Malvinas: la advertencia que involucra a Ushuaia y la Antártida

La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto para que el tránsito de buques con destino a las Islas Malvinas no sea considerado "paso inocente" y apuntó contra la Cancillería por anticipar una postura permisiva frente al enlace marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

La legisladora de Unión por la Patria busca que el Congreso regule ese instituto previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y advirtió que la consolidación de un puente logístico desde Chile amenaza la integridad territorial y la soberanía argentina.

Qué dice el proyecto sobre el "paso inocente"

Propato explicó que la CONVEMAR otorga a los países ribereños la facultad de regular el paso inocente, un instituto que la propia convención prevé para los Estados miembros. Según su lectura, ese tránsito debe cumplir una condición taxativa: no afectar la seguridad, la integridad territorial ni la soberanía del Estado ribereño.

"El anuncio de la consolidación de un puente logístico entre Punta Arenas y las Islas Malvinas no encuadra, precisamente, bajo ningún punto de vista en ese marco", sostuvo la diputada. Y agregó que la iniciativa se ampara en los artículos 17, 18 y 19 de la CONVEMAR para abrir el debate parlamentario.

La legisladora señaló que el tema cobró notoriedad por el movimiento que generó el proyecto Sea Lion y cuestionó las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien habría anticipado que la Argentina no podía hacer nada frente a la consolidación del puente logístico anunciado por Easter Island Logistics con el buque Danstar, por considerar que constituye paso inocente.

"La verdad es que no es así; no es lo que establece la CONVEMAR", replicó Propato.

El contraste con el anuncio del 3 de septiembre

La diputada recordó que el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el 3 de septiembre que se recrudecerían las sanciones y la persecución penal contra quienes colaboraran con los infractores que explotan recursos naturales de manera ilegal en las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas o en la plataforma continental, o que brinden apoyo logístico a los ocupantes.

Sin embargo, para Propato no hay una actitud acorde a ese anuncio. Apuntó al retroceso que evidencia la reforma de la Ley de Malvinas (Ley 26.659), que dejó una norma más flexible que la vigente. "Lejos de reforzar la posición de la Argentina y de condenar con sanciones, penas o multas, generaron un capítulo que es un régimen de desistimiento y regularización que echa por tierra todo lo construido", afirmó.

Según detalló, se extingue la acción penal, se extingue la inhabilitación y se reduce, en algunos casos puntuales, al simple pago de una multa. Además, se habilita a esas empresas que hoy explotan recursos sin autorización de la Argentina en la Cuenca Malvinas a ingresar a explotar en la plataforma continental, incluso con el régimen RIGI incluido, bajo este esquema de colaboración y desistimiento.

La legisladora también cuestionó que se haya achicado el alcance del sujeto infractor. Mencionó que, tras el pedido de un secretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, que visitó el país y estuvo con el canciller Quirno, y según trascendidos periodísticos, sacaron del sujeto infractor todo lo relativo a fondos de inversión y financiamiento. Asimismo, determinaron que algunas empresas con cierta participación accionaria queden exentas de las prohibiciones, multas e inhabilitaciones.

"No es coherente lo que dicen con lo que hacen", lanzó.

El dictamen en comisiones y el riesgo internacional

Propato sostuvo que existe un claro retroceso del proyecto enviado respecto al dictamen que se votó en comisiones en la Cámara de Diputados. A su entender, la posición de la Argentina hoy es mucho más débil que la vigente con la Ley 26.659, que fija las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

"Le están allanando el camino y generando un mecanismo de amnistía y blanqueo a las empresas que vayan a aportar para la explotación de todos los recursos naturales en las Islas Malvinas, ya que extendieron el objeto a todos los recursos y no solo a los hidrocarburíferos", advirtió.

Consultada sobre las expectativas de un reclamo ante el Tratado del Derecho del Mar, la diputada consideró que podrá ser una alternativa, pero advirtió que las señales que da la Argentina para esa presentación internacional son adversas. "Mientras esperamos una respuesta en una instancia internacional, flexibilizamos la norma interna a favor de las mismas empresas que decimos que vamos a ir a cuestionar a un estrado internacional", señaló.

En esa línea, afirmó que la modificación de la Ley 26.659 pone en riesgo la capacidad de defender la postura nacional apoyada en la Resolución 3149 y en las resoluciones 2065 y 1514 de la Asamblea General de la ONU. A través de la 3149, explicó, el país puede seguir exigiendo internacionalmente que no haya actos unilaterales.

"Si vos validás las infracciones diciendo que les aplicás un régimen de amnistía o blanqueo para que traigan divisas, debilitás la posición argentina frente a lo logrado con esas resoluciones que son sagradas para defender los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares", afirmó.

Punta Arenas, Ushuaia y la Antártida

Propato calificó como irresponsable la postura del canciller frente al puente logístico anunciado por la empresa chilena. "No se trata de un conflicto entre países; es una empresa chilena", aclaró, y sostuvo que si el presidente chileno José Antonio Kast se comprometió a apoyar la posición argentina de respeto a los derechos soberanos sobre Malvinas, el canciller debe actuar con su par chileno para exigir que se desista de la operatoria.

La diputada enmarcó la discusión en una pugna geopolítica más amplia. "No es solo Malvinas, es Ushuaia, es la Base Naval Integrada, es el paso bioceánico, es la Antártida y es el Atlántico Sur", afirmó.

Según su análisis, el Gobierno tiene conciencia de esa disputa: el primer viaje oficial de Milei fue a la Antártida y con Rafael Grossi, quien probablemente sea el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Sin embargo, cuestionó que mientras eso sucede se recorten las campañas antárticas, las capacidades logísticas de la Armada Argentina y el presupuesto de la ciencia.

"Rumbo al año 2048, cuando vence el Tratado Antártico, hay que tener pasos muy sólidos. Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur forman parte de un constructo sistémico que no se puede pensar ni gestionar de manera estanca o individual", planteó.

El impacto logístico y el debate pendiente

La legisladora remarcó que la consolidación del enlace marítimo le permite a la ocupación británica reducir en 1.200 kilómetros su extensión logística, que hoy depende de Montevideo, favoreciendo la consolidación de la ocupación de manera sustancial.

"La Argentina no tiene las manos atadas; está en la CONVEMAR y tiene las facultades y la responsabilidad de legislar concretamente para desestimar y frenar la consolidación de ese puente logístico", insistió. Y apuntó: "Lo que pasa es que el canciller parece estar jugando para otro equipo y no para la Argentina".

Además del debate parlamentario, pidió frenar la derogación de la Ley de Tierras para evitar la extranjerización y generar conciencia sobre la proyección antártica y el paso bioceánico. También consideró preocupante que, ante el trascendido de que una funcionaria de Estados Unidos pidió la disolución del Comité de Descolonización de la ONU, el canciller no se haya pronunciado de manera automática en rechazo a esa pretensión.

Recordó que, en una de las últimas reuniones de Naciones Unidas donde se discutió la erradicación de las formas contemporáneas de colonialismo, la Cancillería argentina se abstuvo de votar. "Son señales profundamente adversas que no reparan en el interés nacional", cerró.