El Senado aprobó un régimen para inversiones medianas, pero dejó una puerta abierta: ciertos equipos de riego y mallas antigranizo podrían entrar sin cumplir el piso de US$12 millones. Qué se sabe hasta ahora.
El Senado le dio media sanción a un régimen de incentivos fiscales pensado para proyectos de inversión que no llegan al piso del RIGI. Para Mendoza, el detalle clave está en el campo: los sistemas de riego, las mallas antigranizo y los equipos de eficiencia energética podrían acceder a los beneficios sin cumplir el requisito general de los US$12 millones.
La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y solo dos en contra en la sesión del jueves 29 de octubre. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, aunque todavía no hay fecha confirmada para el debate y no se descarta que la discusión se estire hasta 2027.
Qué crea el proyecto
El texto instaura el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una herramienta para empresas que necesitan invertir sumas importantes pero que no alcanzan los montos que exige el RIGI, aprobado en 2024 y con un piso general de US$200 millones.
La idea es cubrir la franja intermedia que hoy queda desprotegida: entre los beneficios para pymes y los del régimen de grandes inversiones. El nuevo sistema fue impulsado por el senador radical Eduardo Vischi y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y buena parte de la oposición peronista. Los únicos dos votos negativos fueron de los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia.
Por qué le importa a Mendoza
El vínculo con la provincia pasa por la vitivinicultura y la producción agropecuaria. El proyecto prevé beneficios especiales para la incorporación de sistemas y equipos de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y ganado destinado a la actividad productiva.
La particularidad es que esas inversiones podrían acceder a los incentivos fiscales sin necesidad de llegar a los US$12 millones. Así, un productor de menor tamaño que invierta en riego más eficiente o en protección contra el granizo podría entrar en el régimen, siempre que cumpla los requisitos que fije la futura reglamentación.
Los beneficios también alcanzarían a empresas industriales que incorporen maquinaria, modernicen sus plantas o desarrollen nuevas actividades. Ahí entran establecimientos agroindustriales, bodegas y compañías manufactureras mendocinas.
Amortización acelerada y devolución de IVA
Una de las ventajas centrales es la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias: las empresas podrían descontar sus inversiones en plazos más cortos que los habituales.
Para determinados bienes muebles, el proyecto contempla amortización en dos cuotas anuales. En el caso de equipos de riego agrícola y bienes vinculados a la eficiencia energética, la deducción podría hacerse en una sola cuota.
También se establece un mecanismo de devolución anticipada de créditos fiscales del IVA generados por las inversiones productivas, una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde su declaración.
Otro punto es la estabilidad normativa tributaria por 30 años para los beneficios otorgados, para que las empresas puedan encarar proyectos de largo plazo sin que futuras modificaciones impositivas eliminen o reduzcan las ventajas reconocidas.
Requisitos y restricciones
Para acceder, las compañías deberán presentar un plan de inversión con información sobre el proyecto, su ubicación, financiamiento, plazos de ejecución, viabilidad económica e impacto sobre la producción y el empleo.
Además, tendrán que comprometerse a contratar proveedores nacionales por al menos el 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta local disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.
El proyecto excluye determinadas operaciones financieras y pone restricciones para empresas en quiebra, con deudas fiscales exigibles o con condenas confirmadas en segunda instancia por determinados delitos económicos y de corrupción. Tampoco se podrán acumular los beneficios del RIIR y del RIGI sobre una misma inversión.
Las diferencias en el debate
Durante el tratamiento parlamentario surgieron discrepancias sobre el impacto fiscal. Desde el peronismo se planteó la necesidad de evitar que los beneficios afectaran los recursos coparticipables de las provincias y se propuso incorporar inversiones destinadas a la reapertura de establecimientos industriales. Esas modificaciones no fueron aceptadas en la votación particular.
La propuesta recibió el acompañamiento de la bancada oficialista encabezada por Patricia Bullrich, que defendió la creación de incentivos para mejorar las condiciones de inversión y competitividad de las empresas argentinas.
Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por Diputados. Si obtiene la aprobación definitiva y es promulgado, las empresas interesadas deberán cumplir las condiciones de adhesión y ejecutar las inversiones dentro de los primeros dos años de vigencia del régimen, según los plazos contemplados en la iniciativa.
