Río Negro entierra una ley de carnes de 35 años: qué cambia para productores y consumidores

La Legislatura de Río Negro aprobó una reforma integral de la Ley de Carnes, un marco normativo que llevaba más de tres décadas sin actualizarse. La nueva legislación, impulsada por el Ejecutivo provincial, busca modernizar el control sanitario, la habilitación de establecimientos y el registro de productos de origen animal en todo el territorio.

El proyecto reemplaza un esquema que había quedado viejo frente a los cambios de la matriz productiva local y alinea las exigencias provinciales con el Código Alimentario Argentino. Ahora, la supervisión se extenderá a toda la cadena productiva, desde la producción primaria hasta la comercialización.

Qué cambia con la nueva ley

Uno de los ejes centrales es la descentralización de controles. Los municipios que cuenten con áreas de bromatología constituidas podrán habilitar establecimientos de tránsito municipal, mientras que la Provincia conservará la fiscalización de los productos que se comercialicen entre distintos distritos.

Esta medida apunta a incentivar la elaboración artesanal y el agregado de valor en origen. La normativa establece requisitos diferenciados según la escala de cada emprendimiento, garantizando condiciones sanitarias homogéneas tanto para cortes cárnicos tradicionales como para producción avícola, de huevos y lácteos.

El reparto de tareas de control también se redefine: el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo supervisará plantas industriales y transporte especializado; el Ministerio de Salud se ocupará de la inocuidad y los registros sanitarios; y la Policía de Río Negro sumará operativos de auditoría en rutas y caminos provinciales.

Para los establecimientos de escala industrial o de tránsito provincial, se incorpora la figura obligatoria del director técnico. Además, la ley regula el autoconsumo en establecimientos de familias rurales y actualiza el régimen de inspecciones, con medidas preventivas y una escala de sanciones acorde al nuevo contexto.

Qué dijeron desde el Gobierno

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, calificó la sanción como “un paso hacia la modernización de la gestión pública”. Según explicó, el objetivo es ganar transparencia y eficiencia operativa mediante criterios rigurosos de inocuidad alimentaria y trazabilidad para las distintas proteínas animales procesadas en la región.

El funcionario encabezó la presentación del proyecto junto al secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, y obtuvo el aval parlamentario para la iniciativa. Desde la cartera remarcaron que la actualización responde a las transformaciones registradas en la matriz productiva rionegrina durante las últimas tres décadas.

Con esta nueva herramienta legal, la provincia busca consolidar un marco de previsibilidad técnica que optimice las garantías sanitarias sobre los alimentos que llegan al mercado interno.