Salta en alerta: el cambio en discapacidad que puede dejar a miles de familias sin cobertura

Las familias salteñas que tienen un integrante con discapacidad siguen con atención el debate por el futuro de las prestaciones y la asistencia estatal. En diálogo con Que Pasa a la Mañana, Luis González, representante de Padres TEA, explicó cómo podrían impactar en la vida cotidiana los cambios que el Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027.

El tema tomó fuerza porque la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y la propia norma contempla la posibilidad de una prórroga por un año más. Según González, desde hace una o dos semanas la discusión sobre esa continuidad comenzó a instalarse con mayor fuerza.

"Cuando se empezó a plantear esta situación de la prórroga, el Gobierno dijo que iba a salir con algo superador", sostuvo. Sin embargo, desde su perspectiva, las modificaciones conocidas hasta ahora generan preocupación entre las familias.

El nomenclador, en la mira

Uno de los puntos que más cuestionó es el futuro del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. El Gobierno oficializó en septiembre una actualización del 1,7% para los aranceles, correspondiente al aumento del IPC, y señaló que el mecanismo busca actualizar mensualmente los valores de las prestaciones.

González explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para los valores que reciben los profesionales y prestadores, independientemente de la obra social o cobertura que tenga cada persona.

"El nomenclador es lo que nos da igualdad y la posibilidad de acceder todos al sistema básico de prestaciones de discapacidad", planteó durante la entrevista.

El proyecto de Presupuesto 2027, sin embargo, propone modificar ese esquema. Según el texto analizado públicamente, el nomenclador dejaría de establecer valores universales, lo que abre la puerta a una negociación diferente entre prestadores y financiadores.

Para González, esto podría generar una diferencia importante entre las familias que tienen recursos económicos para afrontar tratamientos y aquellas que dependen exclusivamente de la cobertura de su obra social.

"Pasaríamos a tener un sistema de salud o apoyo para personas con discapacidad para gente rica", advirtió el representante de Padres TEA.

Pagos demorados y terapias en riesgo

Otro de los problemas que señaló está relacionado con los pagos a los profesionales. Según sostuvo, existen obras sociales que demoran 90, 120 días e incluso hasta seis meses en pagar prestaciones que ya fueron realizadas.

Para las familias, la situación puede terminar afectando la continuidad de terapias, tratamientos y otros apoyos que necesitan las personas con discapacidad.

Desde el Gobierno, en tanto, se sostiene que las medidas buscan ordenar y hacer sostenible el sistema. La Secretaría Nacional de Discapacidad informó recientemente que trabaja en la actualización del nomenclador y en cambios destinados a ordenar el sistema de pensiones.

El fantasma de perder la pensión

Las pensiones también aparecen entre los puntos que generan mayor preocupación. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar el régimen vigente y volver a utilizar la denominación de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. También establece incompatibilidades con el trabajo formal y con la inscripción en el régimen general o simplificado, según el texto difundido sobre la iniciativa.

Este punto genera un fuerte debate porque una de las demandas históricas de las organizaciones es que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral sin perder automáticamente los apoyos que necesitan.

González cuestionó justamente esa situación y planteó que, si una persona consigue un trabajo o se inscribe como monotributista, podría quedar fuera del beneficio bajo el esquema propuesto.

El debate todavía continúa en el Congreso y el texto puede sufrir modificaciones durante su tratamiento legislativo. Mientras tanto, las familias y prestadores esperan definiciones sobre la continuidad de la emergencia y sobre las reglas que regirán las prestaciones de discapacidad durante 2027.