Salta tiene nuevo protocolo penal juvenil: la edad ya no alcanza para definir qué pasa con un adolescente

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, aprobó la Resolución N.º 1767 que pone en marcha el nuevo Protocolo General de Actuación del Ministerio Público Fiscal en materia Penal Juvenil. La norma fija criterios comunes para fiscales y funcionarios de toda la provincia frente a delitos atribuidos a adolescentes, en el marco de la Ley Nacional N.º 27.801.

El texto apunta a algo que hasta ahora quedaba librado al criterio de cada fiscalía: cómo intervenir cuando el acusado tiene entre 14 y 17 años. La respuesta oficial es que no habrá respuestas automáticas.

Una edad no define una causa

El protocolo ordena analizar cada caso con una lista de factores que van más allá del artículo que se impute. Los fiscales deberán considerar la edad del adolescente al momento del hecho, su grado de desarrollo, la naturaleza y gravedad concreta del delito, la modalidad de participación, la violencia empleada, el daño ocasionado, la situación de la víctima y la posible intervención de otras personas.

La actuación fiscal, además, deberá regirse por los principios de especialidad, interés superior del niño, mínima intervención penal, proporcionalidad, celeridad, desjudicialización y excepcionalidad de la privación de libertad.

Qué pasa según la edad

El protocolo establece tres tramos bien diferenciados. Los menores de 14 años quedan directamente excluidos del régimen de responsabilidad penal juvenil: no puede iniciarse ni continuarse una persecución penal en su contra. Pero la exclusión no cierra la investigación: la fiscalía puede seguir actuando para determinar las circunstancias del hecho, establecer la eventual participación de otras personas penalmente responsables y preservar los derechos de la víctima.

Para los adolescentes de 14 a menos de 16 años, el criterio es especialmente restrictivo, por su cercanía con la edad mínima de responsabilidad. La continuidad de la persecución deberá justificarse de manera especial y se priorizarán mecanismos de desjudicialización y soluciones alternativas cuando la ley lo permita.

Entre los 16 y menos de 18 años se aplican plenamente los principios de especialidad y los criterios de política criminal del protocolo. Pero la edad, por sí sola, no alcanza para equiparar la culpabilidad de un adolescente con la de un adulto ni para definir automáticamente la intensidad de la respuesta penal.

Tres niveles de intervención

La premisa central del documento es que no todos los conflictos penales protagonizados por adolescentes merecen la misma respuesta del Estado. Por eso se clasifican los casos en tres niveles: baja intensidad, intensidad intermedia e intervención prioritaria. La clasificación es orientativa y depende de las circunstancias concretas de cada hecho.

En los casos de menor gravedad, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar desde las primeras etapas la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad, soluciones alternativas y mecanismos restaurativos para resolver el conflicto sin judicialización innecesaria, siempre que se cumplan las condiciones legales.

En el otro extremo, los delitos de especial gravedad con interés público comprometido exigen una intervención prioritaria y una actuación fiscal diligente y eficaz. La calificación legal del delito no determina por sí sola el nivel: los fiscales deberán ponderar las circunstancias del caso y fundamentar la intensidad de su intervención.

El foco en las organizaciones que usan adolescentes

Uno de los ejes centrales del protocolo apunta a los casos en que un adolescente pudo haber sido influenciado, instigado, captado, utilizado o dirigido por otras personas. Cuando existan elementos en ese sentido, los fiscales deberán profundizar esa línea de investigación.

Frente a hechos vinculados con criminalidad organizada, la actuación fiscal deberá determinar si hay adultos que se aprovechan de la edad de los adolescentes para incorporarlos o utilizarlos en actividades delictivas. La investigación no debe detenerse en el adolescente involucrado directamente, sino avanzar sobre quienes estén detrás de su captación o aprovechamiento.

Si se comprueba una participación relevante del propio adolescente dentro de una organización, el caso podrá considerarse de intervención prioritaria, siempre atendiendo a su participación concreta y sin presumir una responsabilidad equivalente a la de un adulto. El protocolo busca evitar dos extremos: minimizar hechos graves por haber sido cometidos por adolescentes o tratar a un adolescente como si fuera un adulto.

Víctimas y privación de libertad

El nuevo modelo exige analizar cada situación de manera individual y garantizar la información, participación y protección de las víctimas durante el proceso, con medidas para evitar la revictimización, especialmente cuando la víctima también es niña, niño o adolescente. La situación de la víctima, el daño y su vulnerabilidad también pesan al definir la intensidad de la intervención fiscal.

La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y solo podrá solicitarse cuando resulte necesaria, idónea y proporcional. El fiscal deberá identificar los riesgos procesales que busca neutralizar y analizar antes si existen medidas menos restrictivas. La gravedad del hecho o la escala penal no alcanzan por sí solas para justificar la detención, y la medida deberá revisarse durante el proceso para sustituirla o dejarla sin efecto cuando corresponda.

La Resolución N.º 1767 también aprueba una Guía Operativa de Actuación Fiscal para facilitar la aplicación práctica del protocolo desde el ingreso de una causa hasta la eventual formulación de una pretensión punitiva. El criterio regirá en todos los distritos judiciales de Salta, más allá del régimen procesal vigente en cada jurisdicción.